SANTO DOMINGO, RD.– En teoría, la República Dominicana cuenta con un Código Laboral que protege a las trabajadoras embarazadas, impidiendo su despido sin autorización previa del Ministerio de Trabajo y garantizando sus derechos fundamentales. Sin embargo, la realidad, como lamenta el caso de la señora Moronta, dista mucho de la norma.
La señora Moronta fue despedida a las 8 semanas de embarazo, sin justificación alguna, perdiendo su fuente de ingresos y la estabilidad emocional crucial para la maternidad. Llevó su caso a los tribunales, y tras esperar más de un año, el fallo judicial resultó indignante, otorgándole una indemnización de apenas 86 mil pesos, según relató a la periodista Walddy Lina Polanco.
¿Dónde está la verdadera justicia?
Moronta ganaba 45 mil pesos mensuales. Su despido le arrebató, como mínimo, catorce sueldos, el acceso a seguridad social, la estabilidad para su hijo en gestación y la dignidad del empleo formal. A pesar de esto, la indemnización no cubre ni siquiera tres meses de salario perdido.
Esto plantea serias interrogantes: ¿Cómo puede un juez considerar justa una compensación tan desproporcionada? ¿Cómo puede un sistema que se dice garante de los derechos laborales emitir una sentencia que parece ignorar el impacto real en la vida de una trabajadora vulnerable?
Un problema sistémico
La situación de Moronta no es un hecho aislado. Muchas mujeres dominicanas enfrentan la maternidad con el miedo a perder sus empleos, temiendo que su embarazo se convierta en una «razón» para ser descartadas, ignoradas o reemplazadas. Lejos de ser protegido, el embarazo es, en la práctica, penalizado.
Lo más grave no es solo el despido, sino la indiferencia institucional, la lentitud de la justicia, la tibieza de las sentencias y la clara percepción de que la balanza se inclina siempre a favor de los más poderosos.
Las palabras de la señora Moronta al conocer el veredicto, «Los jueces se vendieron», reflejan una dolorosa verdad: la creciente desconfianza ciudadana en el sistema de justicia. Un sistema donde, como ella misma expresó, «la justicia es solo para los ricos».
Apelar, ¿para qué? ¿Y ahora qué?
Moronta apelará, movida por la esperanza y la valentía, pero consciente de que el camino será largo, caro y desgastante, como lo es para muchas mujeres que enfrentan solas a grandes estructuras empresariales. En muchos casos, el proceso judicial se convierte en una segunda forma de violencia: lenta, fría e indiferente.
Este caso debe encender las alarmas. No basta con tener leyes escritas en papel; hace falta voluntad para aplicarlas con justicia y sensibilidad. Es crucial la formación para que los jueces comprendan el impacto real de sus decisiones y un mayor respaldo para que ninguna mujer embarazada deba enfrentar sola un proceso que, desde el primer momento, debió haberla protegido. Porque cuando se desprotege a una madre, se desprotege el futuro de una sociedad, dejándola sin los recursos necesarios para el buen cuidado de una nueva criatura y con la frustración de una justicia ausente.
