El entramado financiero delincuencial, compuesto por los directivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera) arrestados durante la Operación Búho, cometió una serie de acciones que se comprenden como tipos penales graves de acuerdo con la investigación de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público (DIGEPEM).
Entre las principales características del referido entramado acusado de malversación de fondos, falsificación, abuso de confianza y estafa, figuran las siguientes:
Se creó una estructura delincuencial que respondía de manera exclusiva al presidente de la cooperativa, quien se convertiría luego en Administrador General, colocando en el consejo de administración y las diversas áreas administrativas a familiares y personas de extrema confianza que le permitían manejar los fondos de los socios como si se tratara de un patrimonio propio.
Falsificaron documentos como garantías y se hicieron beneficiarios de préstamos millonarios que no fueron pagados, sino que el dinero fue sustraído de los fondos de los ahorrantes. Asimismo, falsificaron certificados de depósitos a plazo fijo para lograr reflejar una ficticia liquides, lo que constituye una falsificación de valores o títulos.
Además creaban créditos falsos que luego desembolsaban en las cuentas de los socios que participaban en la estructura criminal y con estos simulaban la apertura de certificados financieros a plazos sin respaldo económico, que generaban intereses que sí eran retirados en efectivo o usados para pagar las nóminas de las empresas que formaban parte de la red.
Simulaban reestructuraciones de préstamos de forma mensual y anual para aparentar los balances como positivos en los estados financieros de la cooperativa, pero nunca se pagaban las cuotas de estos créditos.
Adquirían bienes suntuosos como villas, vehículos de alta gama, yates, etc. utilizando los certificados financieros como método de pago, desprovistos de garantía o sin respaldo colateral, estos a su vez generaban intereses mensuales que eran retirados por los vendedores y cobrando muchos de estos la cancelación total de los mismos, sin embargo, el dinero pagado salía de los ahorros de los socios.
Los bienes que se adquirían con el dinero de los socios de la cooperativa eran colocados a nombre de empresas y de personas de confianza a los miembros de la estructura criminal.
En los últimos días del mes de diciembre de cada año, se liberaban cheques de parte de los socios miembros de la red delictual, por sumas millonarias de dinero, y les daban entrada a los estados financieros de la cooperativa, pero en los primeros días de enero eran devueltos por falta de fondos. Este acción les permitía reflejar una ficticia liquidez al cierra de año, aunque en lo adelante el valor nuevamente era en negativo.
También, se alteraban los estados financieros de la cooperativa para reflejar una liquidez aparente y de esta manera poder continuar atrayendo socios e inversiones y asegurarse de que se continuaran las operaciones delictivas.
Desde inicio del año 2020, fue disuelto por el Consejo de Administración el comité de crédito luego de haber rechazado la autorización de préstamo para uno de los socios miembros de la red, puesto que la garantía presentada no era idónea, sin embargo, se libraban actas con firmas escaneadas de los miembros de este.
Para blanquear los capitales y bienes adquiridos, la red criminal diversificó distintas actividades económicas, comprando programas de radio, agencias de viaje y negociando la adquisición de acciones en bancos múltiples.
Los sistemas eran alterados con la incorporación de datos falsos, haciendo parecer que las cuentas de ahorro de determinados socios habían recibido cantidades de dinero por caja, el cual nunca ingresaba a las cuentas de la cooperativa ni a la bóveda de esta.
Se otorgaban préstamos millonarios representativos a personas, sin perfil financiero idóneo y luego con esto abrían certificados financieros y se simulaba el pago de otros créditos de miembros de la red.
Por último, creaban certificados financieros falsos a nombre de los mismos miembros de la estructura criminal, quienes tomaban préstamos a la cooperativa y lo pagaban con intereses generados de los certificados sin respaldo.
