La Casa Blanca defendió este lunes una controvertida acción que ha generado una fuerte reacción pública: la deportación de tres niños menores de siete años, ciudadanos estadounidenses, junto a sus madres indocumentadas, quienes habían vivido en Estados Unidos durante varios años.
El ‘zar de la frontera’, Tom Homan, afirmó en rueda de prensa que las madres «pidieron» que sus hijos las acompañaran, subrayando que el Gobierno no deporta ciudadanos estadounidenses.
«Si decides tener un hijo ciudadano estadounidense, sabiendo que estás en este país ilegalmente, te pones en esa situación. Pones a tu familia en esa situación,» sostuvo Homan ante los medios.
“No fueron deportados. No deportamos a ciudadanos estadounidenses. Fueron los padres quienes tomaron la decisión, no el Gobierno de Estados Unidos”, insistió el funcionario, agregando que, de haber dejado a los menores en el país sin sus madres, la Administración habría enfrentado críticas por separar familias.
Denuncias de violaciones al debido proceso
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) denunció que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), específicamente su oficina en Nueva Orleans, mantuvo a las familias casi incomunicadas, negándose o demorando la respuesta a múltiples intentos de contacto por parte de abogados y familiares.
Según ACLU, ambas madres eran elegibles para alivios migratorios que habrían podido frenar sus deportaciones. Sin embargo, la falta de acceso a asesoría legal impidió que conocieran y ejercieran sus derechos a tiempo.
Los activistas ahora exigen que ICE permita el regreso de las madres a Estados Unidos para que puedan presentar sus casos en un proceso justo, acorde con las protecciones legales vigentes.
