SANTO DOMINGO.— El Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED) respaldó el Decreto 517-25, emitido por el Poder Ejecutivo, al considerarlo un mecanismo urgente y necesario para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico nacional en un contexto de creciente demanda y riesgos de desabastecimiento. La disposición presidencial, que declara de emergencia nacional la adquisición de bienes, servicios y obras para ampliar la capacidad de generación, almacenamiento y distribución de energía, tendrá una vigencia de doce meses.
Una respuesta urgente a la creciente demanda
La medida se fundamenta en varios factores que amenazan la estabilidad del sistema eléctrico. Entre ellos, el aumento histórico de la demanda eléctrica, que en 2025 superó los 3,850 megavatios, los efectos del cambio climático en la región y los retrasos en proyectos de rehabilitación y expansión de redes. El CUED enfatizó que el objetivo del decreto no es obviar los requisitos establecidos en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones, sino agilizar los procesos administrativos para ejecutar las inversiones en el menor tiempo posible, garantizando un servicio eléctrico más eficiente y confiable para la población.
Transparencia y rendición de cuentas
El organismo aseguró que todos los procesos derivados del decreto se ejecutarán bajo estrictos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Las contrataciones se realizarán a través del Portal Transaccional de la Dirección General de Contrataciones Públicas, con una trazabilidad completa, y se presentarán informes periódicos a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas. El CUED también recordó que todas las compras y contrataciones están bajo el escrutinio directo de la Contraloría, que mantiene auditores permanentes en cada una de las Empresas Distribuidoras.
Finalmente, la entidad hizo un llamado a la ciudadanía, a los medios de comunicación y a los sectores productivos a acompañar con su vigilancia este esfuerzo, convencido de que la transparencia y la participación social son indispensables para reforzar la confianza en que cada peso invertido en esta declaratoria de emergencia contribuirá a proteger la calidad de vida de la población y a sostener el desarrollo económico del país.
