Santo Domingo. – La decisión del presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, y de los magistrados Nancy Salcedo, María Garabito y Manuel Herrera Carbuccia de no someterse al proceso de evaluación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) ha generado un amplio debate en el sector jurídico sobre la independencia judicial y la confianza en el mecanismo de evaluación.
De los once jueces que originalmente habían cumplido el período de siete años establecido para ser evaluados, solo siete permanecen en el proceso, mientras los otros cuatro decidieron no continuar.
La determinación ha provocado interpretaciones encontradas. Mientras algunos juristas la consideran una decisión legítima amparada en la autonomía personal y profesional de los magistrados, otros sectores entienden que constituye una señal que obliga a examinar la confianza existente en el proceso desarrollado por el CNM.
Carlos Salcedo pide evaluaciones objetivas
El jurista Carlos Salcedo defendió el derecho de los magistrados a decidir si participan o no en la evaluación y recordó que entre ellos existen jueces con décadas de trayectoria dentro del sistema judicial.
Consideró, sin embargo, que la situación debe servir para reflexionar sobre el diseño y la percepción del proceso. A su juicio, las evaluaciones deben sustentarse en criterios objetivos, uniformes y verificables, alejados de intereses políticos o particulares.
Salcedo planteó tomar en consideración aspectos como la motivación de las sentencias, la trayectoria profesional y la solvencia ética y moral de los jueces, garantizando además imparcialidad y debido proceso.
Domínguez Brito advierte sobre percepción de politización
El exprocurador general Francisco Domínguez Brito manifestó preocupación por la desconfianza que, según entiende, existe en sectores de la judicatura hacia el CNM.
Advirtió que cualquier percepción de que las designaciones puedan estar determinadas previamente por acuerdos o intereses políticos podría afectar la independencia judicial y la seguridad jurídica.
Como alternativa, propuso privilegiar a jueces de carrera con méritos comprobados y establecer un Consejo Asesor y de Veeduría, integrado por rectores universitarios y expresidentes de altas cortes, que acompañe los procesos de evaluación.
Por su parte, la Fundación Primero Justicia, presidida por Miguel Surun Hernández, atribuyó la decisión de los cuatro magistrados a supuestas presiones para sustituir jueces por figuras cercanas al Gobierno. Se trata de una denuncia de la organización que, hasta el momento, debe ser diferenciada de hechos oficialmente comprobados.
Siete magistrados continúan bajo evaluación
En medio de la controversia, el CNM publicó los informes correspondientes a los siete jueces que permanecen en el proceso: Justiniano Montero Montero, Vanessa Acosta Peralta, Anselmo A. Bello Ferreras, Francisco Jerez Mena, Fran Soto Sánchez, Rafael Vásquez Goico y Samuel Arias Arzeno.
Con la publicación se abre la etapa en la que ciudadanos e instituciones pueden presentar observaciones u objeciones sobre los magistrados sometidos a evaluación.
El proceso adquiere especial relevancia debido al impacto que las decisiones del Consejo Nacional de la Magistratura tendrán sobre la composición de la Suprema Corte de Justicia y el futuro inmediato de uno de los principales órganos del Poder Judicial dominicano.
