La República Dominicana no solo enfrenta un problema de inseguridad. En realidad, está ante algo más profundo, más complejo y más peligroso: una crisis silenciosa de salud mental colectiva que se manifiesta cada día en las calles, en los barrios, en los retenes, en los centros de diversión y, cada vez con mayor frecuencia, en la vida cotidiana de los ciudadanos.
Lo que antes eran incidentes aislados hoy se ha convertido en una constante preocupante. Discusiones que terminan en tragedia, riñas entre hombres y mujeres sin distinción, enfrentamientos con la policía durante operativos preventivos, conflictos con motoristas en chequeos de tránsito, protestas comunitarias que escalan rápidamente hacia la violencia. Todo ocurre con una velocidad y una intensidad que evidencian una realidad innegable: la sociedad dominicana está emocionalmente sobrecargada.
Este no es un fenómeno espontáneo. Es el resultado de una acumulación de tensiones que el Estado y la sociedad han subestimado durante demasiado tiempo. El alto costo de la vida, la inseguridad persistente, la presión del fenómeno migratorio, la percepción de impunidad, el avance del narcotráfico y el impacto de conflictos internacionales en la economía local han generado un clima de estrés permanente. Un estrés que no se ve, pero que se siente… y que estalla.
Cuando una sociedad vive en estado de tensión constante, la tolerancia desaparece. La prudencia se debilita. La razón cede espacio a la reacción. Y entonces, cualquier chispa (una discusión trivial, un operativo policial, un roce en la vía pública) se convierte en detonante de violencia.
Lo más grave no es solo que esto ocurra, sino que comienza a percibirse como normal. La agresión se ha instalado en el comportamiento social. La violencia ya no sorprende: se tolera, se justifica y, en algunos casos, hasta se espera. Este es el punto más peligroso de cualquier proceso de descomposición social: cuando la anormalidad se convierte en costumbre.
Pero detrás de cada hecho violento hay algo más que un acto delictivo o un conflicto circunstancial. Hay ansiedad, hay frustración, hay ira contenida, hay desesperanza. Hay ciudadanos que sienten que no son escuchados, que no encuentran respuestas, que viven en un sistema que no logra absorber ni canalizar sus tensiones. Y cuando el individuo no encuentra salida institucional, la descarga se produce en la calle.
En este contexto, la relación entre ciudadanía y autoridad también se ha deteriorado peligrosamente. Los operativos policiales, que deberían representar seguridad y orden, con frecuencia terminan en confrontación. A veces por exceso en el uso de la fuerza; otras, por provocación o resistencia de ciudadanos que ya no reconocen legitimidad en la autoridad. Este choque no es casual: es el reflejo de una ruptura progresiva del vínculo de confianza entre el Estado y la sociedad.
Sin embargo, el elemento más alarmante de todo este escenario es uno del que poco se habla: el abandono estructural de la salud mental como política pública.
Mientras la violencia crece, la salud mental sigue siendo tratada como un tema secundario. No existen suficientes centros de atención accesibles, los programas comunitarios son escasos o inexistentes, la educación emocional no forma parte integral del sistema educativo, y la intervención psicológica en comunidades vulnerables es prácticamente nula. En otras palabras, el país está enfrentando una crisis emocional sin herramientas institucionales para contenerla.
Este vacío tiene consecuencias directas. Una sociedad sin apoyo emocional es más vulnerable al conflicto, más propensa a la violencia y menos capaz de construir convivencia. La seguridad ciudadana no puede seguir siendo abordada únicamente desde la represión o el control. Esa visión, por sí sola, está condenada al fracaso.
La respuesta debe ser más profunda. Más inteligente. Más humana.
El Estado dominicano tiene que asumir, con carácter urgente, que la salud mental es un componente esencial de la seguridad nacional. No se trata solo de hospitales o consultas especializadas, sino de una estrategia integral que incluya prevención, educación emocional, intervención comunitaria y fortalecimiento del tejido social.
Se requiere llevar psicólogos a los barrios, integrar programas de manejo de conflictos en las escuelas, capacitar a las fuerzas del orden en técnicas de desescalamiento, crear campañas nacionales de conciencia emocional y, sobre todo, devolverle al ciudadano la sensación de que no está solo frente a sus problemas.
Porque lo que está ocurriendo hoy en las calles no es simplemente violencia. Es el grito de una sociedad que ha acumulado demasiado… y que ya no sabe cómo canalizarlo.
Ignorar esta realidad sería un error histórico. Atenderla con decisión, inteligencia y sensibilidad, es una obligación impostergable.
Rafael Guerrero Peralta
