Este viernes a las 10:00 a.m., en la Procuraduría General de la República, se reanudará la tercera y última ronda de preguntas a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), uno de los principales acusados en la Operación Camaleón. Así lo confirmaron sus abogados, Carlos Olivares y Carlos Balcácer.
Mientras tanto, el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, permanece detenido en la cárcel de la Fiscalía del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a la espera de que se deposite la medida de coerción ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, lo cual se prevé para este viernes antes de las 9:00 p.m.
Los abogados de Beras, Laura Acosta y Carlos Balcácer, expresaron su descontento por el accionar del Ministerio Público, calificando los arrestos como apresurados y sin las debidas investigaciones previas. Según Acosta, Beras se apartó de su cargo en el Intrant para no interferir en las investigaciones, y solo decidió hablar luego de que comenzaron a filtrarse informaciones.
Tras la detención de Beras, varios diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) han salido en su defensa, instando al Ministerio Público a evitar «atropellos» y «shows mediáticos». El diputado Eugenio Cedeño afirmó que la imagen de Beras ha sido afectada innecesariamente, mientras que su colega Ramón Bueno sugirió que los señalados sean citados antes de ser apresados.
Detalles del caso Camaleón
La Operación Camaleón involucra a Jochi Gómez y Hugo Beras en un esquema de corrupción, cuyo contrato, valorado en RD$1,300 millones, buscaba mejorar el sistema de tránsito en el Gran Santo Domingo. El Ministerio Público acusa a Gómez de ser el beneficiario principal del esquema, a través de su empresa Aurix S.A.S., controlando fraudulentamente la red semafórica y de vigilancia.
Beras, por su parte, es señalado como coautor de la corrupción en la licitación adjudicada a Transcore Latam S.R.L., empresa que ahora enfrenta un proceso de inhabilitación permanente.
El caso también involucra a otros funcionarios, entre ellos Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Pedro Vinicio Padovani Báez, y Carlos José Peguero Vargas.
Carlos Pimentel, director de Contrataciones Públicas, afirmó que toda la verdad sobre el caso será revelada en los tribunales y reiteró que la investigación está en manos de la Procuraduría.
