El Banco Central de la República Dominicana fue condenado a pagar una indemnización de cinco millones de dólares o su equivalente en pesos dominicanos al Consorcio Mendes Junior-Mendez Cabral por daños y perjuicios por incumplir con un contrato de dación en pago de un terreno ubicado en lo que era el antiguo aeropuerto de Herrera, en la avenida Gregorio Luperón en Santo Domingo Oeste.
La condena fue emitida el 13 de agosto por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional tras una compleja trayectoria procesal que acumuló dos fallos de casación de la Suprema Corte de Justicia.
El contrato de la dación en pago de terreno, con una superficie de 5,000.00 metros cuadrados, al que se comprometió el Banco Central, en agosto del 2004 con el consorcio de empresas contratista tuvo su origen en una deuda del Estado por la Construcción Tramo I de la Autopista Duarte, que ascendía a 38,805,457.90 pesos.
Sin embargo, Consorcio Mendes Junior-Mendez Cabral no pudo individualizar el terreno dentro de la parcela matriz ni le fue entregado en posesión debido a que fue cedido con anterioridad al 2004 a las entidades Grand Realty, S.A. y Corporación Macao de la Construcción, S.A.
En ese sentido, el Consorcio Mendes Junior-Mendez Cabral demandó, además de la reparación por daños y perjuicios, la resolución del contrato.
«La imposibilidad de explotar económicamente un activo de tal magnitud o de realizar su valor en el mercado constituye un perjuicio cierto, actual y directamente imputable a la falta de la parte recurrida, Banco Central de la República Dominicana», argumentó la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Agregó: «Es necesario hacer constar que el lucro cesante se refiere a la pérdida de la ganancia o beneficio que el Consorcio Mendes Junior-Méndez Cabral dejó de percibir por no haber tenido a su disposición el inmueble (para desarrollarlo o venderlo) durante casi dos décadas«.
La sentencia cita una tasación del 23 de febrero del 2026 que determina que el valor de mercado de la parcela es de 372,039,800.00 pesos o su equivalente en dólares estadounidenses: 6,043,531.51 dólares.
La parcela es la correspondiente al «número 110-Reformada-780-T-11, DC 01, Constancia Anotada número 75-1764, con una superficie de 5,000.00 m², propiedad del Consorcio Mendes Junior-Méndez».
Cronología del caso
El inmueble se encuentra ubicado en los terrenos que pertenecieron al antiguo Aeropuerto de Herrera, en la avenida Gregorio Luperón, esquina calle San Antón, sector Zona Industrial de Herrera, municipio Santo Domingo Oeste, en el que hay plazas comerciales, locales, tiendas, estaciones de combustibles y demás comercios.
La demanda fue interpuesta en junio del 2017 y la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional la declaró inadmisible, decisión que fue recurrida ante la corte, que la ratificó.
Posteriormente, la referida sentencia de la Corte de Apelación, que había confirmado la decisión de primer grado, fue recurrida en casación. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, «casó en todas sus partes la decisión de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, y retornó la causa y las partes al estado en que se encontraban antes de dictarse la indicada sentencia».
La SCJ envió por ante la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el conocimiento del asunto, el 21 del mes de diciembre 2023, cuya decisión de este último tribunal fue recurrido por ambas partes nuevamente en casación.
Finalmente, el expediente retornó a un tribunal de segundo grado, esta vez a la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación que condenó al Banco Central.
La condena al Banco Central por cinco millones de dólares (equivalentes en pesos a 292.5 millones a la tasa actual, fue adoptada por la mayoría requerida de los jueces, que fueron Matías Modesto Del Rosario Romero, juez presidente, y los miembros Ynés A. De Peña Ventura, Jorge Luis Reyes Lara y Pricila Martínez Tineo. A excepción de la magistrada Yokaurys Morales Castillo debido a que «participó en la sentencia casada».
