El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, indicó este miércoles que existe la posibilidad de que el Congreso Nacional modifique el nuevo Código Penal para atender algunas observaciones realizadas por diversos sectores de la sociedad.
“Tal vez tengamos que pasarle la mano porque es un código bastante amplio y complejo…”, dijo el legislador al ser entrevistado en la emisora radial La Z101.
Dentro de los cuestionamientos realizados al nuevo conjunto de leyes penales se encuentran las tipificaciones que regulan el derecho de la libertad de expresión.
Según la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), las nuevas sanciones establecidas para los delitos relacionados con ese tema podrían desincentivar la labor de investigación que realizan los periodistas por temor a ser judicializados.
Pacheco expresó que los integrantes del Poder Legislativo están en “la mejor disposición de chequear si las penas son muy altas”. Sin embargo, afirmó que esos delitos no pueden estar despenalizados, ya que, según considera, sirven para enfrentar la “industria del chantaje” instaurada en el país.
El representante del Partido Revolutionary Moderno (PRM) considera que el marco jurídico debe contener un equilibrio entre la libertad de prensa y el derecho al buen nombre. “Hay que hacer un equilibrio para que esto pueda darse porque, por ejemplo, a mí no me preocuparía el tema de difamación porque no tendría la intención de difamar a nadie y el día que tenga alguna polémica voy a tener la prudencia y el debido cuidado…”, explicó.
El congresista aseveró que la difamación es una de las problemáticas registradas en el ecosistema de los medios de comunicación, ya que es utilizada para chantajear a quienes ocupan una función pública en el Estado.
“Aquí la gente va a un medio, te sacan una situación y te mandan a un emisario, como me lo han mandado a mí, pidiéndome cantidades que yo en mi vida no me he ganado. He tenido la suerte de que, al ser legislador, tengo una curul donde he denunciado públicamente intentos de chantaje a mi persona, casi con nombre y apellido”, expresó.
No obstante, el presidente de la SDD, Persio Maldonado, entiende que las sanciones de la difamación, injuria, entre otras figuras delictivas, son excesivas por contemplar un tiempo en la cárcel y multas económicas cuantiosas.
Mientras tanto, Pacheco reiteró que en el Congreso Nacional existe “todo el ánimo” para estudiar las preocupaciones de la población.
“Van a surgir más temas porque es un código complejo. Por ejemplo, la mayoría de la gente reclamaba mayor cantidad de penas, ahora dicen que el cúmulo de penas es muy pesado… Estamos en la mejor disposición de que, en la medida en que se vayan revisando las cosas, podamos ir adaptando”, precisó. Pacheco emite estas declaraciones faltando 40 días para la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, luego de que el presidente Luis Abinader lo promulgara el pasado 3 de agosto utilizando la numeración 74-25.
El objetivo de que la entrada en vigencia de la legislación se produjera un año después consiste en permitir la “verificación de cualquier situación”, de acuerdo con las explicaciones que ha realizado Pacheco en diversas ocasiones. Pero, hasta el momento, los legisladores del Senado de la República y la Cámara Baja no han aprobado ninguna iniciativa que altere el documento acogido por el mandatario Abinader.
El representante “independiente” del Senado, Antonio Taveras, presentó el pasado 10 de junio una propuesta de modificación para que en el artículo 208, en el cual está sancionada la difamación, sea priorizado el castigo económico por encima del penal. Su moción también contempla limitar la prisión en el artículo 210 sobre la injuria para quienes incurran en conductas graves y dolosas. Asimismo, busca alterar el artículo 212 sobre la responsabilidad de las personas jurídicas en caso de difamación e injuria para que en ningún caso pueda imponerse el cierre a un medio de comunicación.
Por último, Taveras considera necesaria la eliminación del artículo 310, alegando que otorga privilegios penales a los funcionarios, superiores a los establecidos para la ciudadanía, resultando incompatible con los estándares democráticos y de los derechos humanos. “Constituye ultraje el hecho de pronunciar palabras o amenazas, o enviar escritos, imágenes o cualquier tipo de objeto, o hacer gestos, de modo no público, pero de carácter contrario a la dignidad personal y a la de las funciones que desempeña algún funcionario o servidor público. El ultraje será sancionado de quince días a un año de prisión menor y multa de dos a tres veces el salario que perciba, al momento de la infracción, el funcionario o servidor público que ha sido su víctima”, versa el artículo 310 sobre el ultraje.
