SANTO DOMINGO.- En la era digital, la ciberseguridad se ha convertido en una prioridad crítica para las organizaciones a nivel global, y República Dominicana no es la excepción. Según el estudio del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNCS), la digitalización es un motor clave para el desarrollo económico del país, pero conlleva riesgos significativos en términos de seguridad.
La exposición de datos confidenciales puede tener repercusiones devastadoras para las empresas, afectando su operativa y reputación. Por ello, contar con un plan de manejo de crisis y una estrategia de protección reputacional es esencial para la sostenibilidad de cualquier negocio.
Desde LLYC Santo Domingo, firma de Marketing y Corporate Affairs, han identificado claves fundamentales para fortalecer la ciberseguridad:
- Educación al usuario: El factor humano es uno de los elementos más vulnerables. La demanda de información y formación es crucial para que los usuarios puedan detectar ciberriesgos y evitar ser víctimas de ataques cibernéticos.
- Estrategias de antifragilidad: Las empresas deben ir más allá de la mera supervivencia ante los ciberataques. Es esencial tener una estrategia de respuesta ante incidentes que involucre tanto al equipo técnico como al de comunicación corporativa.
- Comunicación transparente y oportuna: En casos de ciberataques, una comunicación efectiva con todas las audiencias afectadas puede minimizar el impacto y evitar el pánico.
- Cumplimiento conectado: Implementar un programa que conecte la política de cumplimiento con la cultura organizacional es esencial para garantizar su aplicación efectiva.
- Responsabilidad conjunta: Generar mayor sensibilidad y educación sobre el rol de cada individuo frente a las ciberamenazas debe ser una prioridad. Solo con una estrategia anticipada se puede crear un cerco de protección.
En respuesta a este panorama, resulta crucial que las empresas en la República Dominicana inviertan en la capacitación de su personal y desarrollen planes de manejo de crisis sólidos. La ciberseguridad debe ser vista como una prioridad estratégica para garantizar la integridad, reputación y sostenibilidad a largo plazo de las organizaciones en el país.
