El presunto narcotraficante dominicano César Emilio Peralta, alias “el Abusador”, radicó una demanda civil por 7 millones de dólares contra el gobierno de Estados Unidos y el Centro Metropolitano de Detención (MDC) en Guaynabo, Puerto Rico, donde se encuentra bajo custodia federal. El recurso legal denuncia presuntas violaciones a sus derechos constitucionales, incluyendo la falta de atención médica adecuada durante su confinamiento.
Peralta fue arrestado en Colombia en 2019 como parte de una extensa investigación liderada por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI), iniciada en 2018. Tras su extradición a territorio estadounidense en diciembre de 2021, fue incluido en una acusación federal de 2019, inicialmente radicada en Florida, pero que fue transferida al Tribunal Federal en San Juan.
Las autoridades estadounidenses lo acusan de liderar desde 1997 una de las organizaciones de narcotráfico y lavado de dinero más grandes y prolíficas del Caribe. En 2017, fue designado como un CPOT (Consolidated Priority Organization Target), un objetivo de alto valor para agencias federales, comparado incluso con Joaquín “el Chapo” Guzmán por su alcance criminal.
En noviembre de 2022, Peralta se declaró culpable de conspiración para importar cocaína y otros cargos relacionados con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Sin embargo, su proceso de sentencia ha sido pospuesto en varias ocasiones por razones que no han sido reveladas públicamente debido a que las mociones judiciales permanecen selladas.
Alegaciones médicas y demanda civil
Desde su arresto, Peralta ha solicitado tratamiento médico por varias condiciones de salud. En el momento de su declaración de culpabilidad, alegó ante el juez federal Pedro Delgado que la administración del MDC no le brindó atención médica adecuada, acusación que reiteró en diciembre de 2024.
En respuesta, su defensa legal presentó una demanda civil en la que denuncia “indiferencia deliberada” por parte del exalcaide del MDC y de varios oficiales. La jueza federal Camille Vélez Rivé emitió una orden en marzo en la que expone que el demandante solicitó tratamiento inmediato y medidas cautelares para recibir atención adecuada.
No obstante, la jueza denegó la petición de interdicto preliminar, al considerar que Peralta no presentó evidencia suficiente y no agotó los canales administrativos disponibles dentro de la prisión. La magistrada también apuntó que las alegaciones eran vagas, sin identificar con claridad qué funcionarios ignoraron sus reclamos ni qué tratamientos fueron supuestamente denegados.
“El tribunal simpatiza con las condiciones médicas del demandante, pero esto no justifica que se prescinda del debido proceso administrativo”, escribió Vélez Rivé.
“Lamentablemente, el demandante se encuentra en esta situación porque es un delincuente convicto bajo la custodia de la BoP. Como tal, no puede tener un médico ni tratamiento de su elección”.
El abogado de Peralta apeló la decisión ante el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston, con la intención de revertir el fallo sobre el interdicto preliminar. Los demandados tienen hasta el 27 de mayo para responder a la moción.
El caso se mantiene activo mientras continúan los procedimientos judiciales por los delitos federales que enfrenta el acusado.
