La jueza Kenya Romero decidió hoy el futuro inmediato de los implicados en el caso de supuesta corrupción denominado Calamar por la Procuraduría General de la República.
La decisión de Romero fue mandar a prisión preventiva Donald Guerrero, pasado ministro de Hacienda y a José Ramón Peralta, ex ministro Administrativo de la Presidencia, por 18 meses.
En el caso de Gonzalo Castillo le impusieron arresto domiciliario, 20 millones de fianza, impedimento de salida del país y presentación periódica.
La jueza también declaró el caso como complejo, lo que le daría 18 meses de tiempo adicional para investigación al Ministerio Público.
Y también en el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; arresto domiciliario, impedimento de salida del país; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo,y Aldo Antonio Gerbasi le fue impuesto lo mismo que a Caamaño.
La magistrada es la coordinadora de los juzgados de atención permanente del Distrito Nacional, y la persona que ha conocido el caso desde que el Ministerio Público le pidió órdenes de arresto y de allanamiento al grupo.
La atención estaba centrada hoy en los exministros de Hacienda, Donald Guerrero; Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, para quienes los fiscales pidieron 18 meses de prisión preventiva.
Y también en el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo, y Aldo Antonio Gerbasi. Este fue el grupo de 6 personas que no pactaron con el Ministerio Público y que en cambio mantienen su declaración de inocencia de las imputaciones que se les han realizado.
El ministerio público había señalado al terminar los trabajos el lunes por la noche que existían las “condiciones” para que se impusieran los 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra los seis implicados en el caso Calamar con los cuales no llegaron a un acuerdo.
En cambio, los que sí llegaron a algun tipo de acuerdo con las autoridades fueron el abogado Ángel Lockward, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández Paola, Emir José Fernández De Paola, Oscar Arturo Chalas Guerrero, Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó, Agustín Mejía Ávila, Víctor Matías Encarnación Montero.
Además, Claudio Silver Peña, Yahaira Brito Encarnación y su esposo Ramón David Hernández.
Este caso comenzó con un operativo de 40 allanamientos la noche del sábado 18 de marzo y la madrugada del domingo 19. Desde entonces guarda prisión el grupo de encartados en la supuesta red de corrupción, que según los fiscales defraudaron al Estado dominicano con 19 mil millones de pesos.
