Santo Domingo. — El pleno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana dejó sin efecto este jueves la resolución que contemplaba un aumento de hasta un 50 % en los salarios de sus miembros, luego de fuertes críticas provenientes de distintos sectores de la sociedad.
La medida original, aprobada el pasado 13 de marzo mediante la Resolución núm. ADM-2026-017, establecía que la presidenta del órgano, Emma Polanco Melo, pasaría de devengar RD$423,500 a **RD$635,250 mensuales**, lo que representaba un incremento de RD$211,750. En tanto, los demás integrantes del pleno verían sus salarios aumentar de RD$379,097.84 a RD$568,646.76. El ajuste salarial, que tenía carácter retroactivo a febrero de 2026, colocaba a los miembros del organismo entre los funcionarios mejor remunerados del sector público dominicano.
Cambios en beneficios y falta de claridad
Además del aumento, la resolución incluía la eliminación del bono por antigüedad y la suspensión del bono vacacional, bajo el argumento de que estos incentivos no estaban vinculados a indicadores de desempeño o productividad. No obstante, el documento no precisaba si estas disposiciones aplicaban exclusivamente a los miembros del pleno o a todo el personal de la institución.
La iniciativa fue firmada por la presidenta Polanco Melo, junto a los miembros Ramón Méndez Acosta, Francisco Tamárez Florentino, Francisco Alberto Franco Soto y Griselda Gómez Santana, quienes aprobaron la medida de manera unánime.
Contexto institucional y antecedentes
La Cámara de Cuentas administra un presupuesto superior a los RD$1,524 millones, de los cuales ya se habían ejecutado más de RD$381 millones hasta marzo de este año. Según la institución, la modificación buscaba modernizar el esquema de compensación y alinearlo con estándares de eficiencia en la administración pública.
Este episodio se suma a un historial reciente de controversias. En marzo de 2025, la Cámara de Diputados de la República Dominicana recomendó someter a juicio político a los entonces miembros del órgano fiscalizador, incluyendo a Janel Andrés Ramírez Sánchez, por presuntas faltas graves y violaciones a la Constitución, proceso que finalmente no se concretó.
