LOS ÁNGELES.– El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó este martes un paquete de leyes que establece nuevas restricciones y mecanismos de supervisión sobre las operaciones migratorias y los centros privados de detención que funcionan en el estado, en medio de las políticas de deportación impulsadas por el Gobierno del presidente Donald Trump.
Entre las medidas figura la prohibición del uso de guantes de electrochoque por parte de las fuerzas del orden. La nueva legislación también limita la utilización de granadas aturdidoras y cargas explosivas en determinadas operaciones, incluidas acciones vinculadas con el cumplimiento de las leyes migratorias.
La decisión se produce después de que el Departamento de Seguridad Nacional anunciara un contrato para adquirir guantes de descarga eléctrica destinados a agentes federales. Estos dispositivos funcionan mediante electrodos que transmiten pulsos eléctricos al entrar en contacto directo con la piel.
Newsom sostuvo que las nuevas leyes buscan aumentar la transparencia, la supervisión y la rendición de cuentas de las operaciones federales de inmigración dentro de California.
El paquete también impide que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que hayan cometido faltas graves durante el ejercicio de sus funciones puedan posteriormente ocupar determinados cargos como agentes del orden o empleados públicos estatales.
Otra de las medidas establece un impuesto de 25 % sobre centros privados de detención y elimina una exención fiscal de la que podían beneficiarse algunas de esas instalaciones. Los ingresos serán destinados a servicios relacionados con inmigración.
Las nuevas disposiciones amplían además los requisitos de salud, seguridad y supervisión de los centros de detención civil, así como el acceso público a documentos relacionados con su funcionamiento.
California también otorgó a las personas la posibilidad de presentar demandas contra funcionarios federales cuando consideren que han sido vulnerados sus derechos constitucionales, una disposición que puede incluir actuaciones de agentes federales de inmigración. 
El estado restringirá además el uso de instalaciones de su propiedad para operaciones de detención, procesamiento o despliegue relacionadas con inmigración y exigirá mayor identificación en determinados vehículos alquilados por organismos policiales.
El Departamento de Seguridad Nacional ha rechazado las nuevas medidas y sostiene que las políticas estatales no impedirán que ICE continúe ejecutando órdenes migratorias y realizando arrestos dentro de sus competencias federales.
Las leyes profundizan el enfrentamiento político y jurídico entre la administración de Newsom y el Gobierno de Trump sobre la aplicación de la política migratoria en California. Aunque el estado no puede modificar las leyes federales de inmigración, sí puede establecer determinadas reglas sobre instalaciones, recursos y organismos bajo jurisdicción estatal.
