SANTO DOMINGO.– El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) respondió a la controversia que mantiene con el Consorcio Mendes Junior-Méndez Cabral, que reclama el pago de US$5 millones, y aseguró que la sentencia en la que se sustenta esa reclamación no es definitiva ni tiene autoridad de cosa juzgada, debido a que se encuentra recurrida ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia.
En un comunicado, la institución cuestionó lo que calificó como una “campaña de presión mediática” para lograr el desembolso y sostuvo que intentar ejecutar el fallo mediante embargos retentivos, mientras permanece impugnado, constituye a su juicio un uso indebido de las vías judiciales.
El conflicto tiene sus antecedentes en deudas contraídas por el Estado dominicano con empresas que participaron en la ampliación de la autopista Duarte durante la década de 1990.
Según la relación de hechos presentada por el Banco Central, en 1999 se estructuraron operaciones para saldar esas obligaciones mediante terrenos. Posteriormente, el 11 de agosto de 2004, el BCRD y el Consorcio Mendes Junior-Méndez Cabral suscribieron un acto de dación en pago mediante el cual fueron transferidos al consorcio 5,000 metros cuadrados de terrenos del antiguo Aeropuerto Internacional de Herrera, en el Distrito Nacional.
El documento señala que, como parte de esa operación, el consorcio otorgó al Estado dominicano un recibo de finiquito y descargo por RD$38,805,457.90. El Banco Central sostiene, además, que las diligencias de deslinde y subdivisión necesarias para individualizar los terrenos correspondían al beneficiario.
Banco Central asegura que los terrenos continúan disponibles
La entidad cita un informe de verificación y análisis técnico-catastral realizado el 6 de marzo de 2026, según el cual el consorcio figura como propietario de la porción de 5,000 metros cuadrados y, a la fecha del levantamiento, el terreno continuaba disponible.
El BCRD también recordó que en 2007 el consorcio impugnó un deslinde realizado previamente, pero el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Departamento Central declaró inadmisible esa acción por falta de legitimación activa, conforme a la versión expuesta por la institución.
Años después, el 22 de agosto de 2017, el Consorcio Mendes Junior-Méndez Cabral interpuso una demanda para obtener la rescisión del contrato de dación en pago.
Esa controversia derivó en una decisión de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que reconoció una indemnización a favor de los demandantes.
Sin embargo, el Banco Central insiste en que esa decisión permanece recurrida y cuestiona aspectos del fallo relacionados con la valoración de las pruebas, la motivación y otros elementos jurídicos que ahora deberán ser conocidos en la instancia correspondiente.
La entidad sostiene que cumplió con las obligaciones asumidas en el acuerdo y defiende que el consorcio conocía la situación jurídica y ubicación del inmueble al momento de recibirlo.
El caso, por tanto, continúa abierto en los tribunales, mientras el Banco Central rechaza que exista actualmente una obligación definitiva de desembolsar los US$5 millones reclamados.
