Las autoridades dominicanas mantienen una intensa búsqueda contra un exempleado del sector privado acusado de participar en un esquema de fraude electrónico que habría provocado la sustracción de más de RD$60 millones mediante transferencias bancarias fraudulentas.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público y del Departamento de Prófugos de la Policía Nacional, adscritos al Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos contra la Propiedad de la Fiscalía del Distrito Nacional, el imputado habría intervenido varias cuentas bancarias de la empresa donde laboraba para desviar fondos hacia cuentas personales y posteriormente distribuir el dinero entre unas 113 personas.
El principal señalado es Juan Luis Valdez Cascante, de 24 años, portador de la cédula de identidad No. 402-3105046-5, oriundo del sector El Clavijo, Los Tocones, en Jayabo Afuera, municipio de Salcedo.
Según el expediente, el acusado utilizó la modalidad conocida como “pitufeo”, consistente en realizar múltiples transferencias de montos pequeños para evitar levantar sospechas en los sistemas financieros y de control bancario.
Las autoridades informaron que Valdez Cascante es buscado mediante la orden de arresto No. 2025-AJ0015030, emitida el 11 de marzo de 2025 por la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.
El Ministerio Público sostiene que el imputado actuó junto a otros autores materiales y cómplices, quienes aún están bajo investigación e identificación, y que también se habrían beneficiado económicamente del dinero sustraído.
Cargos y violaciones legales
El acusado enfrenta imputaciones por robo asalariado, asociación de malhechores y violación a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Las autoridades señalaron que el expediente contempla violaciones a los artículos 379, 386-3, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, así como al artículo 14 de la Ley 53-07, relacionado con transferencias electrónicas ilícitas para la obtención fraudulenta de fondos.
El artículo 386, en su acápite 3, establece penas de tres a diez años de reclusión mayor cuando el robo es cometido por un asalariado, empleado u obrero en perjuicio de la empresa o establecimiento donde presta servicios.
Operativo de búsqueda
Las investigaciones indican que el imputado habría permanecido oculto en zonas de Bávaro, Punta Cana y Santiago de los Caballeros, lugares vinculados a familiares cercanos.
Las autoridades exhortaron a cualquier ciudadano que posea información sobre el paradero del acusado a colaborar con los organismos correspondientes.
