SAN JUAN, PUERTO RICO. – La comunidad dominicana residente en Puerto Rico enfrenta una creciente preocupación ante el notable incremento de arrestos de inmigrantes por parte de agentes de ICE y la Policía de Puerto Rico, revelando una colaboración estrecha entre las autoridades locales y federales, incluso con la entrega de listas de conductores con estatus migratorio no definido.
Casos como el de Juan (nombre ficticio), un joven dominicano interceptado por agentes del ICE en Cupey mientras se dirigía a su trabajo en marzo, ilustran la nueva realidad. Juan fue arrestado tras entregar su licencia de conducir provisional –diseñada para personas sin estatus regularizado– y fue trasladado inesperadamente desde Aguadilla a un centro de detención en Laredo, Texas, a pesar de que un juez había concedido su salida voluntaria. Su deportación final a República Dominicana se concretó el 27 de abril. En este incidente, dos acompañantes de Juan, incluyendo uno con ciudadanía estadounidense, también fueron detenidos.
Otro testimonio, el de Jacinto (nombre ficticio), revela una intervención policial tras un accidente de tránsito en Carolina. En lugar de procesar la querella del choque, un policía municipal lo llevó al cuartel de Sabana Abajo, donde fue interrogado sobre su estatus migratorio y arrestado sin permitirle buscar sus documentos en casa. La pareja de Jacinto, que acudió con los documentos, asegura que el agente municipal afirmó que su placa «estaba en juego» si no informaba a la inmigración sobre la presencia del dominicano. El incidente no figuraba en los registros policiales, lo que llevó a una querella administrativa contra el agente implicado.
Similar es el caso de Pedro (nombre falso), quien fue arrestado por agentes federales de inmigración en Hatillo a una cuadra de su casa, tras ser interceptado por la policía puertorriqueña y solicitado sus documentos. Actualmente se encuentra en el Centro de Detención Krome en Florida.
La «licencia delatora» y la cooperación gubernamental
La situación se agrava con la revelación de que las licencias de conducir provisionales, disponibles desde 2013 para inmigrantes sin estatus definido bajo la Ley 97 en Puerto Rico, se han convertido en un punto de acceso para las autoridades federales. María del Rosario García Miranda, abogada de inmigración de la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, cuestiona: «¿Cómo van a saber dónde vive si no es por su licencia de conducir?».
La agente especial a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Puerto Rico e Islas Vírgenes, Rebecca González, confirmó a NPR que el Gobierno de Puerto Rico está cooperando plenamente con sus solicitudes, incluyendo la lista de personas con estatus migratorio no definido que poseen licencia de conducir. Yariel Ramos, agente especial de HSI, también confirmó la recepción de esta lista por parte de la Oficina de Inmigración federal.
Aunque el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), a través de su secretario Edwin González Montalvo, afirmó en febrero a El Nuevo Día que no tienen acuerdos de colaboración y operan bajo la ley, la agencia federal certificó que obtuvieron la lista entre febrero y marzo pasado, tras la emisión de un subpoena. HSI en Puerto Rico, en declaraciones escritas al CPI, se limitó a decir que «las autoridades locales nos apoyan en nuestras investigaciones criminales», sin especificar la naturaleza de la colaboración ni las agencias implicadas.
Aumento exponencial de intervenciones
La abogada García Miranda ha observado un cambio notorio: «Ahora están en la calle todos los días. Obviamente sí, esporádicamente o de acuerdo al procedimiento, [antes] se hacían operativos, pero no es como se está haciendo ahora que es todos los días», dijo sobre la presencia de agentes de inmigración.
Desde la administración del presidente Trump y sus políticas antimigratorias, los arrestos de inmigrantes en Puerto Rico casi se han quintuplicado. Datos del HSI en Puerto Rico revelan que, al 27 de mayo de 2025, solo el 16% de las personas migrantes detenidas como consecuencia de estas políticas han cometido delitos.
En 2024, se realizaron 95 arrestos administrativos. Sin embargo, hasta el 5 de junio de 2025, la cifra ya asciende a 468 arrestos administrativos, lo que representa un aumento drástico. Otros 84 inmigrantes fueron detenidos por presuntos vínculos con acciones delictivas, sumando un total de 552 inmigrantes detenidos en Puerto Rico desde las órdenes administrativas de Trump hasta el 5 de junio de 2025.
