Seis de los ocho imputados por integrar una supuesta red dedicada a la falsificación de documentos y la expedición irregular de actas de nacimiento para niños haitianos en Nizao, provincia Peravia, cumplen desde el lunes medidas de coerción. Entre los acusados figuran empleados de la Junta Central Electoral (JCE), señalados como responsables de validar documentos fraudulentos.
Las dos personas que aún no han sido presentadas ante la justicia son María del Carmen Arias Castillo, exencargada de la Oficialía del Estado Civil de Nizao, y Dominga Valdez, propietaria de la fundación Aneadef, quien presuntamente falsificaba documentos oficiales para declarar a menores de nacionalidad haitiana.
Denuncias y modus operandi
La investigación se originó tras las denuncias de la directora del hospital municipal de Nizao, Dominga Tavárez Álvarez, quien alertó que su firma y el sello del centro médico habían sido falsificados en al menos cuatro certificaciones de nacido vivo. Estos documentos ilegales fueron usados para gestionar actas de nacimiento de declaración tardía en la Oficialía de la JCE.
Según el expediente del Ministerio Público, la estructura criminal operaba de la siguiente manera:
- Falsificación de certificados de nacido vivo: La fundación Aneadef elaboraba documentos fraudulentos con la supuesta asistencia de un centro de internet local.
- Trámite ante la JCE: La imputada Quilcy Paulino y Dominga Valdez presentaban los documentos falsificados ante la Oficialía del Estado Civil.
- Validación interna: Empleados de la JCE, entre ellos Juan Javier Maríñez Guillén y Elizabeth Mercedes García, procesaban las actas, registraban a falsos declarantes y manipulaban el sistema con usuarios ajenos.
- Autorización final: La exencargada María del Carmen Arias Castillo aprobaba y firmaba los registros sin realizar las verificaciones obligatorias.
Además, la investigación reveló que en los libros de registro del hospital no existen datos sobre los nacimientos en las fechas indicadas y que las certificaciones eclesiásticas y escolares usadas en el proceso también eran falsas.
Medidas de coerción y proceso judicial
Los imputados Stalen Falcón, Juan Javier Maríñez Guillén, Elizabeth Mercedes García, Quilcy Paulino y Sujeyri Mercedes Sánchez enfrentan medidas de coerción que incluyen garantía económica y presentación periódica ante las autoridades. Amauri Rosario Aybar, de nacionalidad haitiana, es el único que cumple prisión preventiva.
El fiscal titular de Peravia, Ángel Darío Tejada, manifestó que el Ministerio Público evaluará la decisión de la jueza Loida Amador, pues considera que todos los acusados deberían cumplir prisión preventiva debido a la gravedad de los hechos.
El caso ha sido declarado proceso complejo, lo que permitirá a la Fiscalía profundizar en la investigación y determinar el alcance de la red delictiva.
Cargos y posibles sanciones
Los implicados enfrentan acusaciones por asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos y uso de datos personales de manera fraudulenta, bajo los artículos 265, 266, 145, 146, 147, 148, 150 y 151 del Código Penal Dominicano. Además, se les imputan violaciones a la Ley 4-23 sobre Registro Civil, la Ley 8-92 sobre Cédula de Identidad, la Ley 172-13 de Protección de Datos Personales y la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
