La dominicana Ana Julia Quezada, en prisión en España por asesinar a un niño, fue acusada este miércoles por la madre del menor de amenazarla desde la cárcel, en la que un funcionario es investigado por supuestamente haberse dejado sobornar por la reclusa a cambio de sexo.
Patricia Ramírez, madre del niño Gabriel Cruz, asesinado en 2018 en Almería (sur de España) por Quezada, denunció haber recibido amenazas directas desde prisión.
En rueda de prensa, reclamó medidas urgentes para evitar una «revictimización constante» de familias afectadas por este tipo de casos.
Ramírez reveló que desde hace más de un año recibe información procedente tanto del interior como del exterior de la cárcel de Brieva (norte), donde cumple condena Quezada, sobre posibles irregularidades, como la tenencia de teléfonos móviles, grabaciones de contenido sexual o incluso la preparación de un documental con la participación de la asesina confesa.
«La información que a mí me llega es que Ana Julia tiene móviles. Que hay personas que graban dentro, que hay vídeos sexuales, que hay grabaciones para un documental, que hay personas que mueven dinero por ello», afirmó.
«A ella se le ha oído decir que me quiere matar. Y lo ha dicho delante de otras internas. Eso me lo han hecho llegar personas que estaban dentro y fuera de la cárcel. He hecho llegar esta información, pero nadie me responde. Nadie investiga», lamentó.
Asimismo, resaltó que otras personas relacionadas con Quezada también estarían interesadas en «vengarse» de ella y recibe llamadas de desconocidos desde hace tiempo, algo que ya denunció ante la Guardia Civil.
Ramírez trasladó esta información por escrito y en persona a distintas autoridades penitenciarias, judiciales y políticas: «Nadie me atiende, nadie me protege, nadie actúa».
También denunció la existencia de «funcionarios implicados» en estas irregularidades.
«No se me protege. Me siento absolutamente sola. El sistema me ha dejado sola», sentenció.
Sus declaraciones llegan tras conocerse que un juzgado investiga a un funcionario de la prisión de Brieva por supuestamente haber facilitado a Quezada un teléfono móvil a cambio de sexo.
Quezada, que llegó a España en 1995, fue condenada a prisión permanente revisable por la muerte del menor, hijo de su entonces pareja, en la primera condena en España a una mujer con esta pena, que conlleva un mínimo de 25 años de cárcel, y a una serie de indemnizaciones a la madre y al Estado, que no ha pagado.
