El alcalde de Verón-Punta Cana, Ramón “Manolito” Ramírez, ha sido sometido a la justicia tras no responder una serie de preguntas sobre su gestión, solicitadas a través de la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública. Esta omisión constituye una violación a la normativa, que garantiza a los ciudadanos el derecho a acceder a información de carácter público.
La ley establece que los funcionarios que no respondan a este tipo de solicitudes pueden enfrentar hasta dos años de prisión y ser inhabilitados para ocupar cargos públicos por cinco años. En este caso, la solicitud de información fue realizada por el periodista Robert Antonio Guerrero, director del medio investigativo El Oriental, el 20 de agosto de 2024. Según la denuncia, pasaron más de los 15 días hábiles sin que el cabildo de Verón ofreciera una respuesta, ni solicitaran la prórroga de diez días que permite la legislación.
El recurso de amparo fue interpuesto por Guerrero a través de su abogado Ruddy Severino, y será conocido por la Cámara Civil y Comercial de La Altagracia. El periodista calificó este acto como un mal precedente para las autoridades, que están obligadas por ley a responder a los requerimientos de los medios de comunicación y los ciudadanos.
La Ley 200-04 y sus sanciones
La Ley de Libre Acceso a la Información Pública tiene como objetivo garantizar la transparencia en la administración pública. Según el artículo 1 de esta normativa, cualquier ciudadano tiene derecho a solicitar y recibir información completa y veraz de cualquier entidad pública, salvo en casos que afecten la seguridad nacional o los derechos de privacidad de terceros.
El artículo 30 de la ley establece sanciones de hasta dos años de prisión y cinco años de inhabilitación para cualquier funcionario que obstaculice o deniegue el acceso a información pública de manera arbitraria.
