La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) ha valorado la apertura de la Cámara de Diputados para discutir el Proyecto de Modificación de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos No. 225-20. Sin embargo, la AIRD expresa una profunda preocupación por el «incremento irrazonable y desproporcionado» de la contribución especial, argumentando que no existe un estudio técnico que sustente los nuevos montos.
Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD, reconoció el compromiso del presidente de la Cámara de Diputados de garantizar espacios de discusión abiertos, así como el ajuste de artículos que afectaban la manufactura local. No obstante, enfatizó que «los montos aprobados [para la contribución especial] siguen siendo desproporcionados. En ningún espacio se nos ha explicado el razonamiento detrás de este ejercicio».
La AIRD ha propuesto que se incluyan en la ecuación fondos públicos que ya reciben instancias con objetivos similares a los del Fideicomiso DO Sostenible, como los manejados por ECO5RD (entidad creada por Decreto 28-23).
Financiamiento municipal y contradicciones con prácticas internacionales
El gremio industrial comprende las necesidades de financiamiento de las alcaldías y los desafíos en la gestión de residuos. Sin embargo, Pujols reiteró que no se puede pretender resolver todas las necesidades municipales con una contribución especial que, por ley, «debe necesariamente ser dirigida al cumplimiento del objetivo transversal de la ley de fomentar la correcta gestión de residuos y el cierre de vertederos a cielo abierto en el país».
La AIRD confía en que el diálogo en el Senado continuará de manera plural y transparente, ya que aún hay oportunidad de mejorar el documento. La asociación resalta que el proyecto mantiene «algunas contradicciones a mejores prácticas internacionales» en la gestión de residuos.
«El Senado todavía puede hacer ajustes al documento y abordar algunos de los aspectos considerados como anti-competitivos por la Comisión de Defensa de la Competencia en su informe público sobre el tema, incluyendo aspectos de carácter contractual que no necesariamente deberían ser parte de una legislación como esta», concluyó Pujols.
La posición de la AIRD subraya la importancia de un análisis técnico riguroso para asegurar que la legislación no solo cumpla con sus objetivos ambientales, sino que también fomente un entorno económico competitivo y justo para la industria dominicana.
