Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader dispuso la extradición al Reino de los Países Bajos del ciudadano neerlandés Reyno Martín Cijntje, conocido como «Bomba», requerido por las autoridades judiciales de Curazao por su presunta vinculación con delitos relacionados con el crimen organizado.
La decisión está contenida en el Decreto 774-26, del 29 de octubre de 2026, mediante el cual el Poder Ejecutivo autorizó su entrega para que responda ante la justicia por las acusaciones formuladas en su contra.
Cijntje, de 39 años, fue arrestado el pasado 12 de octubre en una residencia de La Vega. Las autoridades de Curazao lo vinculan presuntamente con la organización criminal No Limit Soldiers, investigada por actividades delictivas en el Caribe.
Según el decreto, el ciudadano neerlandés deberá responder por acusaciones de tentativa de asesinato u homicidio, amenazas reiteradas, extorsión y coacción.
También se le atribuyen presuntos actos preparatorios para el tráfico internacional de drogas y complicidad en varias operaciones de importación y exportación de estupefacientes.
Entre los señalamientos figuran, además, la tentativa de participación en delitos de posesión y tráfico de armas de fuego, así como operaciones reiteradas de lavado de activos.
De acuerdo con las informaciones divulgadas por las autoridades, Cijntje es investigado por su presunta participación en 22 delitos graves vinculados con el crimen organizado.
Extradición responde a orden judicial de Curazao
La disposición del Gobierno dominicano se fundamenta en la orden de detención provisional número UITL-CUR-U-2026018, emitida el 21 de septiembre de 2026 por un juez del Tribunal de Primera Instancia de Curazao.
El requerido también figura en la investigación denominada Stratego, desarrollada por las autoridades de Curazao contra presuntos integrantes de la organización No Limit Soldiers.
Con el decreto, el Gobierno dominicano autorizó su entrega a las autoridades del Reino de los Países Bajos para que enfrente el proceso judicial correspondiente.
La autorización de extradición no constituye una condena ni determina la culpabilidad del acusado.
