La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) ha manifestado su profunda preocupación y ha enviado observaciones técnicas al Congreso sobre el Proyecto de Ley General de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios. El gremio bancario advierte que esta iniciativa, aprobada en primera lectura por la Cámara de Diputados, podría generar mayor inseguridad jurídica en las relaciones contractuales y transferir funciones indebidas a las entidades financieras.
En una misiva firmada por su presidenta, Rosanna Ruiz, y dirigida al diputado Amado Díaz, presidente de la Comisión Especial, la ABA solicita una revisión a fondo de los artículos 15 y 16 del proyecto. El objetivo es asegurar que la meta de proteger a arrendatarios y arrendadores no implique la asignación de atribuciones para las que el sistema financiero carece de base legal y capacidad operativa.
Cuestionamientos al depósito obligatorio de garantías
La principal objeción de la ABA se centra en el depósito obligatorio de la garantía de alquiler en entidades bancarias. Según el gremio, esta medida impone funciones ajenas al rol del sector.
“Aunque puede interpretarse como una medida para fomentar la bancarización y la trazabilidad, se trata de una garantía dentro de un contrato de alquiler, que es una relación privada entre arrendador e inquilino. Imponer su gestión obligatoria a través de una entidad financiera altera su naturaleza jurídica y añade un actor externo sin atribuciones claras dentro de dicha relación”, señala el documento.
La ABA critica que el proyecto establezca que los bancos deban entregar estas garantías “sin más trámite”, sin definir criterios ni procesos claros para determinar el cumplimiento del contrato. Esto es considerado inviable por la asociación, ya que no se especifica si el depósito debe permanecer íntegro, si puede haber retiros anticipados o quién autoriza la devolución en caso de controversia.
Impacto operativo y en la libertad contractual
La obligación de notificar los contratos al órgano supervisor bancario también preocupa, ya que representa una «carga operativa sin precedentes» y ajena a las funciones del sector financiero. La ABA advierte que estas exigencias implicarían costos significativos en desarrollo tecnológico, capacitación de personal y creación de mecanismos específicos para gestionar estos depósitos.
Además, el gremio bancario alertó que, si la redacción actual se aprueba sin ajustes, las entidades bancarias quedarían en una posición similar a la de los procesos de embargos actuales, que a menudo carecen de criterios claros y control judicial previo, generando abusos y distorsiones que resultan en inseguridad jurídica y afectaciones económicas.
Consecuencias para la inversión y la economía
La ABA enfatizó que el proyecto introduce restricciones que afectan el principio de libertad de contratación, desvirtuando la esencia del negocio jurídico privado. Esto compromete la capacidad de las partes para negociar según sus intereses, lesiona el principio de libertad de empresa (reconocido en el artículo 50 de la Constitución Dominicana) y podría desincentivar figuras importantes del mercado de valores, como los fondos cerrados de inversión.
Finalmente, el gremio advierte que la iniciativa podría desalentar la inversión en nuevas propiedades destinadas al alquiler, lo que impactaría negativamente el sector de la construcción, un área vital con un efecto multiplicador en la economía.
La ABA reiteró su disposición a colaborar con el Congreso en este proceso, con el convencimiento de que es posible alcanzar un texto legislativo que sea equilibrado, funcional y respetuoso del marco legal vigente.
