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Zapete, Febles, Salazar y Mariasela Álvarez presentan querellas por difamación e injuria en medios digitales

Los reconocidos comunicadores acusan a cuatro figuras del ámbito digital de sobrepasar los límites de la libertad de expresión con ataques personales que afectan su honor y reputación.

Santo Domingo, R.D. – Los periodistas Marino Zapete, Edith Febles, Altagracia Salazar y la productora de televisión Mariasela Álvarez interpusieron este lunes distintas querellas penales por difamación e injuria ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, dirigidas contra cuatro comunicadores activos en plataformas digitales: Juan Aníbal Arrendel Núñez, Alfredo de Dios de la Cruz Carvajal, Pedro Manuel Casals García y Aquiles Jiménez Fernández.

Las acciones legales, algunas de carácter individual y otras colectivas, se sustentan en la presunta difusión reiterada de mensajes difamatorios e injuriosos, lo que según los abogados de los querellantes, constituye una violación a los derechos fundamentales al honor y al buen nombre, establecidos por la Constitución dominicana y respaldados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

“No buscamos limitar el debate público ni restringir la crítica legítima, sino proteger el derecho a la dignidad personal frente al uso irresponsable de plataformas digitales”, manifestaron en un comunicado conjunto.

Límites entre la libertad de expresión y el daño reputacional

Los representantes legales afirmaron que las expresiones emitidas por los imputados en redes sociales traspasan los límites del ejercicio legal de la libertad de prensa, transformándose en ataques personales sin fundamentos, con consecuencias reputacionales graves para los afectados, quienes se desempeñan en roles públicos o mediáticos.

Aunque las querellas responden a contextos distintos, todas coinciden en su propósito de sanear el espacio público, promover el debate informado y fomentar una cultura democrática basada en el respeto.

“No puede confundirse la libertad con la impunidad”, declararon los comunicadores, reiterando su compromiso con el Estado de derecho y el uso de los mecanismos institucionales como vía legítima para resolver conflictos.

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