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Vehículos no reclamados podrán ser utilizados por instituciones públicas, según nuevo decreto presidencial

El presidente Abinader creó la Red de Centros de Retención Vehicular (RCRV) y estableció los criterios de manejo y seguridad

Mediante el Decreto 35-25, el presidente Luis Abinader dispuso la creación de la Red de Centros de Retención Vehicular (RCRV), un sistema nacional que busca organizar, digitalizar y transparentar el manejo de vehículos retenidos por las autoridades por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad y Tránsito.

La red estará conformada por todos los centros de retención vehicular (CRV) del país, los cuales deberán adecuarse a una infraestructura estandarizada para garantizar la custodia segura, el registro organizado y el respeto a los derechos de los propietarios de los vehículos retenidos, incluyendo carros y motocicletas.

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El decreto reconoce explícitamente que el sistema actual carece de procedimientos eficientes y transparencia, lo que ha generado desorden, maltrato de bienes y dificultad para que los ciudadanos recuperen sus vehículos. También señala fallas graves como la ausencia de digitalización, sellos de seguridad, identificación adecuada de parqueos y estructuras organizativas formales.

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“Estos centros deberán contar con instalaciones adecuadas y cumplir con el debido proceso”, señala el texto, firmado por el presidente Abinader el pasado 22 de enero.

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Funciones principales de los centros

Según lo dispuesto, los CRV deberán cumplir con funciones clave como:

  • Registrar los vehículos retenidos por violaciones a la Ley 63-17.

  • Custodiar y garantizar la seguridad e integridad de los vehículos.

  • Gestionar los procesos de liberación de los vehículos.

  • Mantener un sistema de información actualizado.

  • Determinar cuáles vehículos serán subastados o chatarrizados, en caso de no ser reclamados.

Control institucional y trazabilidad

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) tendrá a su cargo la gestión administrativa del sistema, mientras que la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) se encargará de la gestión técnico-operativa. Ambos organismos emitirán próximamente una resolución conjunta para regular todos los aspectos operativos.

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El decreto también ordena la implementación de registros digitales y sellos de seguridad, para asegurar la trazabilidad y transparencia en la gestión de los vehículos, así como la publicación de información sobre subastas y el destino de los ingresos obtenidos por este concepto.

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