La implementación de una inspección técnica a los vehículos en el país ha sido considerada necesaria por parte de representantes de partidos opositores, pero destacaron que no debería parecer un negocio como lo está haciendo ver el Gobierno al entregarlo a  una alianza público-privada.

En ese sentido, el secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Dantés Díaz; el vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Héctor Guzmán y el diputado de la Fuerza del Pueblo y autor de la ley 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, Tobías Crespo, criticaron el hecho de que, desde el Gobierno, siempre se quieran realizar los proyectos con el sector privado.

De acuerdo a lo señalado por los dirigentes,  la ley 63-17 ordena la inspección técnica vehicular, pero no ordena que se haga a través de alianzas público privadas o fideicomisos.

Deschatarrizar

“La ley lo que implica, en un capítulo muy amplio sobre la inspección técnica vehicular, incluso en un reglamento que aprobó el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) en 2019 por un decreto del Ejecutivo y del Consejo Directivo, donde especifica que los vehículos, para garantizar sus condiciones físico-mecánicas y la seguridad activa y pasiva, sean sometidos a una revisión técnica vehicular anual”, dijo Crespo.

Explicó que esto tiene el objetivo de que se reduzcan los accidentes de tránsito dentro del factor vehículo ya que es uno de los tres factores que intervienen en los accidentes vehiculares en el país.

La inspección técnica vehicular se hace necesaria debido a que muchos vehículos, específicamente del transporte público de pasajeros y de carga, se encuentran en un estado de “chatarra”, señalaron.

“Una de las políticas públicas, precisamente para deschatarrizar el parque vehicular, es la inspección para que se garantice que, con esa certificación, estén en condiciones óptimas para circular en las vías pública y no sean un obstáculo a la seguridad vial”, dijo el legislador.

La inspección se le estaría realizando al estado de los frenos, amortiguadores, las luces y su alineación, la emisión de contaminantes, de ruidos, a la carrocería y a todos los mecanismos que tiene el vehículo diseñado de fábrica para la seguridad.

El legislador dijo que esta inspección no debería verse como un negocio, como lo está haciendo el Intrant, ya que es un servicio que debe ser ofrecido a la ciudadanía y lo establece la ley.

“De 45 pesos que costaba la revista pasarlo a RD$2,000, 2,500, RD$3,000 y RD$3,500, casi 45 veces el costo que se tenía hasta hace creo que ocho años…. Es un mandato de la ley y la ley no obliga que sea un fideicomiso, pero este Gobierno está privatizando todo lo público, tienen una vocación privatizadora,  todo quieren regalarlo a un tercero”, destacó Tobías Crespo.

Explicó que la ley establece que el Intrant puede, a través de la certificación de talleres, enviar los vehículos a revisarse, incluidos los motores, vehículos livianos y pesados.

Dijo que, en el caso de los que transportan pasajeros y los de carga, ya sea públicos o privados, la revisión debería realizase con más regularidad que una vez al año ya que estos se utilizan con más frecuencia.

De su lado, José Dantés Díaz, indicó que la inspección técnica vehicular siempre será necesaria. Sin embargo, cuestionó el hecho de que la presente gestión no partió de trabajar en el proyecto desde un convenio de cooperación que se estaba trabajando desde 2018 con otro país.

Indicó que toda iniciativa tendente a aumentar los gastos en los que tengan que incurrir la población, no será bien recibida.

Convenio de cooperación

“Esta gestión debió partir del convenio de cooperación que se estaba trabajando desde 2018 con el Consejo de Seguridad Vial de Costa Rica, financiado por la OMS y OPS, y no partiendo de una propuesta de licitación a empresas en el marco de alianzas público privadas, que parece ser la forma en que este gobierno quiere dirigir toda la cosa pública, pues, nueva vez, se recurre a ella”, denunció Dantés Díaz.

Aseguró que desde el gobierno se ha demostrado que no se conduelen de las condiciones de vida de las mayorías y, por lo tanto, “viven de un invento a otro en términos de políticas públicas que afectan la economía de la clase media y baja, como en este caso”.

“Además, es otra muestra de la incapacidad gubernamental de formular e implementar políticas públicas sin la necesidad de buscar un socio privado. El gobierno del ´Cambio´ todo quiere privatizarlo, lamentablemente”, sostuvo el secretario de Asuntos Jurídicos del PLD.

Mientras que el vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Héctor Guzmán, indicó que el programa es necesario, pero que no debería implicar un pago elevado para conductores y propietarios como si se tratara de un impuesto encubierto.

“No se puede ver como una fuente de recaudación del Estado y de beneficios para grupos privados, principalmente. Los accidentes de tránsito constituyen la causa principal de muerte en el país, es conveniente para reducirlos y es el objetivo del plan cuando plantea la revisión de condiciones técnicas y comprobación de documentos que amparen cada vehículo que ruede por el país”, dijo Guzmán.