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Tras apresamientos de exfuncionarios, diputado PRM dice allanamientos de noche “solo es morbo, circo y película”

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Elías Báez, diputado del PRM y exfiscal de la provincia Santo Domingo.

El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y exfiscal de la provincia Santo Domingo, Elías Báez, calificó como «morbo, circo y película», los allanamientos de noche, de casos viejos, sin ir a buscar pruebas como drogas, documentos o armas.

La posición del legislador, quien actualmente es también precandidato a alcalde del PRM por Santo Domingo Oeste, se produce luego de los apresamientos de los exfuncionarios Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta.

Báez agregó que cree en el debido proceso y el respeto de los derechos de los demás.

“¡No al abuso procesal!”, agregó el legislador al hacer su comentario en su cuenta de Twitter.

Según un perfil en el portal de la Cámara de Diputados, Elías Báez fue Procurador Fiscal de la Provincia de Santo Domingo desde el año 2004 hasta el año 2014.

El Ministerio Público informó este domingo que puso en marcha la noche de este sábado la Operación Calamar, luego de una compleja investigación realizada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Mediante un comunicado, el Ministerio Público mencionó al menos 15 de las personas arrestadas por el caso.

Entre los arrestados para ser presentados a solicitud de medida de coerción se encuentran, el exministro de  Hacienda, Donald Guerrero; ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta; exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo; ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.

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Imputados en «Operación Calamar» habrían incurrido en financiamiento ilícito de campaña a una escala «sin precedentes»

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Peralta y Gonzalo
SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público puso en marcha la noche de este sábado la Operación Calamar, en la cual se realizaron 40 allanamientos distribuidos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana, en los que participaron 40 fiscales, decenas de técnicos de diferentes unidades de investigación, 300 miembros de la Policía Nacional y un amplio equipo de apoyo administrativo.

La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los imputados es de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedentes, lavado de activos, entre otros.

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Apresan a los exministros Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta

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Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Donald Guerrero.

La madrugada de este domingo, unidades de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), detuvieron a los exministros de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, de Hacienda, Donald Guerrero, y Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.

Todos ellos, exfuncionarios de la pasada gestión de gobierno de Danilo Medina, fueron conducidos hacia el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Más temprano, agentes del órgano persecutor realizaron una serie de allanamientos en sus residencias.

Gonzalo Castillo se midió en la última contienda electoral, en el año 2020, como candidato a la presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Por otro lado, Donald Guerrero es investigado por la Pepca desde hace varios meses debido a supuestas irregularidades en el pago de las expropiaciones en su gestión en el Ministerio de Hacienda.

Trece fallecidos y 126 heridos por el sismo de magnitud 6.5 en Ecuador

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El ayuntamiento de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, señaló que hubo dos colapsos estructurales, 44 colapsos arquitectónicos y un herido leve tras el sismo.

Al menos trece personas fallecieron y otras 126 resultaron heridas por el sismo de magnitud 6.5 en la escala abierta de Richter, que se registró este sábado en la provincia del Guayas, en la zona costera de Ecuador, según un reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgos.

De acuerdo al Gobierno, la mayor parte de fallecidos se registró en la provincia de El Oro, fronteriza con Perú.

Medio centenar de viviendas resultaron afectadas y siete destruidas, de acuerdo con reporte general de la Secretaría de Gestión de Riesgos, que mencionó, asimismo, que 17 unidades educativas quedaron afectadas, al igual que 31 centros de salud.

Tras el sismo de 6.5 ocurrido al mediodía de este sábado, y que se sintió en 13 de las 24 provincias del país, se registraron tres más de magnitudes 4.8, así como 3,7 y 3,6, con epicentro en el extremo noreste de la Isla Puná en el Golfo de Guayaquil (suroeste).

Entre las afectaciones a infraestructuras se reporta colapso de fachadas, rotura de vidrios y fisuras en paredes, entre otros.

Asimismo, se registró el colapso del antiguo muelle de cabotaje, daños en el YAT Club Machala, y se registró la caída de líneas telefónicas, y falta de energía eléctrica en varios cantones de la provincia de El Oro.

El Instituto Oceanográfico de la Armada informó de que el sismo no reunía las condiciones necesarias para generar un tsunami en la Costa continental e insular del país.

Según la empresa pública Petroecuador, las instalaciones de los terminales Marítimo-Balao, Chorrillos, Monteverde, La Libertad, Depósito La Toma Loja no registraron novedades.

El Poliducto Esmeraldas-Quito paró momentáneamente por precaución, pero luego operó nuevamente sin novedades.

Asimismo, la Terminal Pascuales y Planta GNL, y Terminal 3 Bocas suspendieron actividades y se evacuó por precaución. No se reportaron novedades, en el balance inicial.

Los aeropuertos de Guayaquil y Cuenca operan sin novedades y «el sector hidrocarburos no registra novedades, por el momento», anotó.

El ayuntamiento de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, señaló que hubo dos colapsos estructurales, 44 colapsos arquitectónicos y un herido leve tras el sismo.

Especificó que se trata de un colapso estructural parcial y 29 colapsos arquitectónicos (no estructurales) en el área urbana; mientras que, en el área rural se registró: 1 colapso estructural en Puná y 15 colapsos arquitectónicos (11 en Puná y 4 en Tenguel) y un herido leve.

Durante la instalación del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, informó que su Gobierno se activó con «carácter emergente» para brindar las atenciones necesarias a los afectados por el sismo.

El Servicio Integrado de Seguridad (ECU 911) indicó que han registrado 421 emergencias a nivel nacional, de las cuales un total de 365 fueron en la ciudad de Machala, en la provincia de El Oro.

Cinturón de fuego

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción (hundimiento de placas tectónicas) más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a otros países como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.

El próximo 16 de abril, Ecuador recordará el séptimo aniversario de uno de los terremotos más destructivos de su historia reciente, de magnitud 7,8.

Ese fenómeno natural, ocurrido el 16 de abril de 2016, dejó más de 670 muertos, miles de afectados, así como millonarias pérdidas materiales.

Dicho terremoto azotó con intensidad las provincias de Esmeraldas (fronteriza con Colombia) y su vecina Manabí, ambas situadas en la costa del país andino, pero también afectó a otras zonas y se sintió con fuerza, incluso, en la capital ecuatoriana, Quito, situada en la provincia de Pichincha, en la zona andina del país.

Rusia considera «nula jurídicamente» la orden de arresto de Putin

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Moscú– Rusia calificó hoy de «nula jurídicamente» la orden de arresto del jefe del Kremlin, Vladímir Putin, ordenada por la Corte Penal Internacional (CPI) por la deportación ilegal de niños y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania hacia Rusia, lo que supone un crimen de guerra.

«Las posibles ‘prescripciones’ de arresto que salgan del Tribunal Internacional serán para nosotros jurídicamente nulas», escribió María Zajárova, portavoz de Exteriores rusa, en su canal de Telegram.

La diplomática argumentó que «Rusia no es partícipe del Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional», por lo que, al respecto, «no tiene obligaciones».

En la misma línea, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, tachó la orden de «indignante» e «inadmisible».

«Rusia, como otros países, no reconoce la jurisdicción de ese tribunal, por lo que cualquier decisión de ese tipo es para Rusia insignificante desde el punto de vista del derecho», dijo, según la agencia RIA Nóvosti.

La sala de cuestiones preliminares de la CPI también emitió una segunda orden de detención contra la política rusa María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, con la misma acusación.

Putin se ha reunido en varias ocasiones con Lvova-Belova para abordar temas como la situación de los menores en los territorios ucranianos ocupados por las tropas rusas o los subsidios para las familias de voluntarios y mercenarios rusos.

Al respecto, Lvova-Belova se congratuló hoy de que la comunidad internacional aprecie la labor que Rusia hace para que los niños no permanezcan en zonas de guerra y crear para ellos «buenas condiciones de vida».

«Hubo sanciones de todos los países, incluso de Japón, contra mí. Ahora, una orden de arresto. Interesante qué vendrá después. Seguimos trabajando», dijo a la prensa local.

En octubre pasado la funcionaria admitió que unos 350 huérfanos ucranianos habían sido acogidos por familias rusas.

Mientras, el subjefe del comité internacional del Senado ruso, Vladímir Dzhabárov, tachó de «criminales» a los miembros del tribunal de La Haya y abogó por la liquidación de la corte.

La CPI considera a Putin «presunto responsable» de la deportación ilegal de niños ucranianos, lo que ha sido denunciado en numerosas ocasiones por las autoridades de Kiev.

Ambas órdenes de detención son las primeras de su tipo que emite la CPI en el contexto de su investigación de crímenes en la guerra en Ucrania.

Los delitos de los que se le acusa ocurrieron al menos desde el 24 de febrero de 2022 en el “territorio ocupado de Ucrania”, señaló la CPI, que considera que hay “motivos razonables” para creer que Putin tiene “responsabilidad penal individual” por el crimen de guerra que supone la deportación de menores.

Rusia no ha ratificado el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, por lo que no es miembro de este tribunal, como tampoco lo es Ucrania, pero Kiev sí ha autorizado a la Corte a investigar la comisión de crímenes de guerra durante la conocida como «operación militar especial» rusa en Ucrania.

De hecho, el fiscal general ucraniano, Andriy Kostin, agradeció inmediatamente por Twitter al fiscal de la CPI, Karim Khan, lo que llamó «histórica decisión”

Al respecto, recordó que la Justicia ucraniana está investigando la deportación forzosa a Rusia de más de 16.000 niños ucranianos de territorios ocupados por Moscú.

“Tememos que los números reales sean mucho más altos”, agregó.

Es la primera vez en la historia que la CPI dicta una orden de arresto contra el presidente de un país miembro del Consejo de Seguridad de la ONU,

CPI emite orden de detención contra Putin por “deportación ilegal” de niños

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La sala de cuestiones preliminares de la CPI también emitió una segunda orden de detención contra la política rusa María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, con la misma acusación.

Ambas órdenes de detención son las primeras de su tipo que emite la CPI en el contexto de su investigación de crímenes en la guerra en Ucrania.

“Vladímir Vladimirovich Putin, nacido el 7 de octubre de 1952, presidente de la Federación de Rusia, es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y traslado ilegal de población (niños) de las zonas ocupadas de Ucrania a Rusia”, dice la acusación formal que argumenta la emisión de la orden de arresto.

Los delitos de los que se le acusa ocurrieron al menos desde el 24 de febrero de 2022 en el “territorio ocupado de Ucrania”, señaló la CPI, que considera que hay “motivos razonables” para creer que Putin tiene “responsabilidad penal individual” por el crimen de guerra que supone la deportación de menores.

La responsabilidad individual de Putin, como jefe de Estado y responsable superior, podría traducirse tanto en “haber cometido los actos directamente, junto con otros o a través de otros”, o por “no haber ejercido un control adecuado sobre sus subordinados civiles o militares que cometieron los actos o permitieron su comisión y estaban bajo su control y autoridad efectiva”, según se explica en el artículo 28 del tratado fundacional de la CPI.

En lo que respecta a Lvova-Belova (1984), la CPI considera que tiene “responsabilidad penal individual” por el mismo tipo de crimen de guerra tras “haber cometido los actos directamente, junto con otros y/o a través de otros” desde el 24 de febrero del año pasado, fecha en la que comenzó la invasión rusa de Ucrania.

El fiscal de la CPI, Karim Khan, solicitó al tribunal autorización para emitir estas dos órdenes de detención el pasado 22 de febrero, según comunicó hoy la CPI.

La Corte también detalla que estas órdenes son generalmente secretas para proteger a las víctimas, los testigos y la investigación en curso sobre Ucrania, pero aceptó hacer públicos los nombres de los sospechosos porque “la conducta abordada en la presente situación supuestamente continúa” y hacer pública esta información podría contribuir a la prevención de nuevos delitos.

Rusia no ha ratificado el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, por lo que no es miembro de este tribunal, como tampoco lo es Ucrania, pero Kiev sí ha autorizado a la Corte a investigar la comisión de crímenes de guerra durante la invasión rusa.

Subsidio sin fondos previstos apunta a reforma presupuesto

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La prolongación sin provisión presupuestal del subsidio que el Gobierno concede al precio de los diferentes combustibles, en su política antiinflacionaria, será la causa principal para que en el segundo semestre del año se presente un presupuesto complementario.

Con un promedio de RD$407.3 millones semanales en las primeras 11 semanas del año, el Gobierno ha asumido un gasto que no está contemplado en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2023. De enero a la fecha, el subsidio para impedir alzas en los derivados de petróleo asciende a RD$4,480.9 millones, para un promedio semanal de RD$407.3 millones. El monto semanal ha fluctuado entre 200 y 600 millones de pesos, y el de la semana que concluye fue de RD$304.3 millones.

Van 54 semanas de subsidio

El subsidio a los derivados de petróleo, que tiene ya 54 semanas seguidas ha posibilitado mantener sin aumentos los precios de los principales combustibles desde el 4 de marzo del 2022. Desde entonces el sacrificio del Gobierno acumula RD$36,027.6 millones, con un promedio semanal de RD$667.17 millones.

La subvención a la cotización de los hidrocarburos concedida por el Gobierno ha sido uno de los pilares del programa antiinflacionario ejecutado desde el primer trimestre del año pasado. Según cálculos del Ministerio de Industria, el subsidio a los combustibles evitó alrededor de 1.9 puntos porcentuales al nivel de la inflación del pasado año, lo que implica que de no haber sido ejecutado ese programa, habría rondado el 10 %. Al cierre de diciembre la inflación interanual quedó en 7.83 %, 181 puntos porcentuales por debajo del 9.64 % del año 2021. Tanto en 2022 como en el actual 2023, los subsidios a los combustibles no fueron previstos en el Presupuesto. El año pasado en el presupuesto complementario que se presentó a finales de julio se consignaron, en el aumento general de gastos, unos RD$40,000 millones solo para los combustibles. En PGE 2023, que ya tiene una ejecución que se acerca al primer trimestre, tampoco hay previsiones para subsidiar los combustibles, por lo que se entiende que si se mantienen subsidios semanales, en el complementario del segundo semestre esa subvención sea una de las causas del ajuste en alza del PGE 2023

La extensión al año en curso del programa de subsidios a los combustibles sin la correspondiente provisión o asignación de gasto parece ser una de las causas que explican un ritmo más acelerado del déficit financiero que registra el Presupuesto en la ejecución del 1 de enero al 3 de marzo en curso, que ya representaba la mitad del proyectado para el año completo. En el concepto “resultado de la cuenta corriente” había en los primeros dos meses y tres días de ejecución de 2023 un balance negativo de RD$32,061.1 millones, frente a un estimado para el año completo de RD$64,195.4 millones.

El presupuesto 2023 solo subsidia a bonogás hogar

En tanto, en el presupuesto en ejecución, en el renglón “transferencias al sector público”, que es donde se registran los subsidios a los combustibles, solo figura en materia de GLP el registrado bajo el concepto bonogás hogar. El presupuesto actual contempla transferencias al sector público, de las cuales el 54.0%, unos RD$138,219.6 millones, corresponden a transferencias otorgadas a las EDEs y a la Dirección Central del Servicio Nacional de Salud

Reporteros gráficos reconocen labor de Juan Rosa frente a la DGJP

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Circulo de Reporteros Gráficos

Santo Domingo RD, El Circulo de Reporteros Gráficos de Televisión (CRGTV) reconoció este jueves al director general de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP), licenciado Juan Rosa, por su destacada labor al frente de esa institución, en beneficio de los más desposeídos.

En la entrega, el presidente del gremio que agrupa a los profesionales del lente, Corpus Montero, manifestó que para los reporteros gráficos, el licenciado Juan Rosa es un ente de trabajo, respeto y credibilidad.

Durante el encuentro y luego de recibir el reconocimiento, el director de Pensiones y Jubilaciones expresó su agradecimiento y satisfacción por el deber cumplido.

En ese sentido, el funcionario prometió seguir trabajando con transparencia, calidad humana y justo a tiempo, de acuerdo con la visión del presidente de la República, Luis Abinader.

“Sin ese espíritu solidario e inclusionista del presidente de la República, esto no hubiera sido posible’’, expreso el licenciado Juan Rosa.

En el acto estuvieron presentes por la DGJP, Felix Joel Almonte, subdirector general; Rosa Ventura, directora de Servicios y Trámites de Pensiones; María Fadón, encargada de Recursos Humanos; Nimio Carvajal, director de Nomina y Seguimiento al Sistema de Reparto, entre otros.

Por el Circulo de Reporteros Gráficos estuvieron, además, José Ramon Rubén, vicepresidente del gremio; Kaming Rosario, secretario de finanzas; Isidro Mejia, secretario de organización, Eritson Polanco, secretario de organización y otros.

Eliminar la hepatitis C antes de 2030, un objetivo factible en España

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Laboratorio toma de muestra
Laboratorio toma de muestra

Madrid.- Eliminar la hepatitis C antes de 2030 es un objetivo factible. Una infección que en 2015 era la principal causa de trasplante de hígado y de cirrosis se ha convertido en España en una enfermedad residual, ya que los tratamientos que se dispensan actualmente a los pacientes han tenido un impacto “absolutamente impensable” incluso para los propios médicos.

Unas jornadas organizadas por Gilead han reunido en Madrid a expertos en hepatitis como el doctor José Luis Calleja, presidente de la Asociación Española de Estudios del Hígado (AEEH); Javier Crespo, presidente de la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD); y Manuel Romero, jefe de sección de Aparato Digestivo del Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Todos ellos han remarcado que desde la puesta en marcha del Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C, en España se han tratado más de 161,000 pacientes con unas tasas de curación en torno al 95 por ciento.

España podría ser el segundo país del mundo en eliminar la hepatitis C

De hecho, algunos estudios apuntan que España podría convertirse en el segundo país del mundo en eliminar la hepatitis C, tras Islandia.

“Probablemente, no existe ninguna otra intervención en salud que haya tenido un impacto como esta”, ha dicho Calleja en relación con la inclusión de los tratamientos en el Sistema Nacional de Salud, aunque los expertos piden ir más allá y trabajar aún más en la detección de este virus mediante un análisis en sangre que se haga a toda la población adulta y no solo a los grupos vulnerables.

Se calcula que existen más de 76,500 personas con el VHC entre la población general, de las que 22,500 tienen la infección activa y no han sido diagnosticadas.

El doctor Romero ha reclamado un esfuerzo adicional para no dejar a ningún paciente atrás y tratar de localizarlos a todos mediante cribados cuando llegan a través de los servicios de urgencias, en atención primaria y entre las personas vulnerables como pueden ser personas sin hogar.

“A todas estas personas nos cuesta más encontrarlas y, por este motivo, nuestro gran desafío es identificarlas, ya que hoy en día un paciente encontrado es un paciente tratado y curado”, ha asegurado.

Expertos reclaman una estrategia para hacer pruebas a los pacientes

El presidente de la Sociedad Española de Estudios del Hígado ha recordado que existen seis planes regionales de eliminación de la hepatitis C en España con diferente alcance y enfoque, pero ha reclamado que también el Sistema Nacional de Salud incluya una estrategia para hacer pruebas a los pacientes, porque en este caso pueden ser curados, como ha hecho recientemente Francia.

Aunque en el Ministerio de Sanidad hasta el momento se ha mostrado reticente, los expertos tienen esperanza en que finalmente se adopte otro criterio. “Seguimos llegando tarde al diagnóstico”, ha dicho Calleja, que recuerda que con un test sencillo pueden localizarse dos terceras partes de los pacientes infectados, sin crear estigma, ni indagar en factores de riesgo.

 

EFE

PlayStation tendría dos nuevas consolas con características Pro

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PlayStation

Luego de su lanzamiento en el año 2020, la consola PlayStation 5 presentaría una actualización física. Tres años después, Sony estaría siguiendo un sistema de lanzamiento similar al de otras PS que tenían con el paso del tiempo modelos nuevos o mejorados unos años después que la original:

 PlayStation 2 (2000) y Play Station 2 Slim (2004).

– PlayStation 3 (2006), Play Station 3 Slim (2009) y PlayStation 3 Super Slim (2012).

– PlayStation 4 (2013), PlayStation 4 Slim (2016) y PlayStation 4 Pro (2017).

Esta idea es complementada por un reciente informe de Tom Henderson, reportero dedicado al gaming, quien indica que la compañía japonesa ya inició el desarrollo de una consola PS5 Pro y podría ser lanzada al mercado de forma oficial durante el año 2024, aunque no se ha confirmado una fecha tentativa para esta presentación.

Al igual que en casos previos, la posible consola PS5 Pro incluiría una mejora en los sistemas de juego para aumentar su potencial y brindar una mejor experiencia al público gamer.

Según Henderson, pueden esperarse cambios en el sistema de video para aumentar la resolución de la imagen, además de una mejora de rendimiento y velocidad que se traducirán en mayor fluidez al jugar, sobre todo en aquellos títulos que exigen aún más al sistema gráfico.

Consola PS5 Slim también en desarrollo

Desde el año 2022, existen rumores que hacen referencia a un potencial modelo Slim de la consola más reciente de PlayStation para darle una apariencia más ligera, pero también, con una novedad importante: la inclusión de un lector de discos extraíble que podría ser adquirido por separado por los clientes de Sony.

Mientras que la PS5 regular tiene dos modelos, uno dedicado al formato físico y otro al digital, la incorporación del lector como un producto independiente le serviría a la versión Slim.

De esta forma se evitarían reparaciones con componentes adulterados o el desecho de consolas enteras que aún tienen componentes útiles en caso de que la lectora que tienen incorporada presente algún desperfecto o deje de funcionar por completo.

La consola tiene dos versiones: digital y con lector de disco, la diferencia entre ambas es de 100 dólares.La consola tiene dos versiones: digital y con lector de disco, la diferencia entre ambas es de 100 dólares.

Sin embargo, el modelo Slim de la consola de Sony no presentaría las mejoras en rendimiento y en el formato de video para los juegos con mayor calidad gráfica. Esta seguirá siendo una función correspondiente al modelo Pro, aunque sí tendría una mejora en lo que respecta al consumo de energía.

Según Henderson, quien también se refirió al lanzamiento de esta consola ligera, la PS5 Slim llegaría al mercado entre los meses de julio y septiembre de 2023.

De esta manera, el potencial calendario de lanzamiento de las consolas de esta generación para Sony sería: PlayStation 5 Slim (2023) y PlayStation 5 Pro (2024), lo que marcaría una tendencia similar a la que se presentó en el lanzamiento de las consolas de la generación pasada.

La diferencia entre las presentaciones de la PS4 Slim y PS4 Pro también fue de un año.

Por el momento, tampoco se han revelado los precios que tendrían las nuevas versiones, aunque estos podrían rondar los 300 y 600 dólares, pues las consolas de PlayStation 5 tuvieron un precio de 399 dólares para la versión digital y 499 dólares para la edición de discos.

INFOBAE

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