SANTO DOMINGO.- El Senado de la República aprobó en dos sesiones consecutivas y convirtió en ley el proyecto que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), cuyo objetivo es la protección de los intereses de la nación y evaluar amenazas internas y externas contra el Estado.
El senador Dionis Sánchez, presidente de la Comisión Especial que estudió el proyecto, presentó al Pleno del Senado un informe favorable y solicitó que la iniciativa fuera incluida en el orden del día, declarada de urgencia y aprobada, tal cual lo remitió la Cámara de Diputados.
El proyecto crea la Dirección Nacional de Inteligencia como órgano centralizado del Estado, destinado a proteger la seguridad nacional y coordinar lo relativo al Sistema Nacional de Inteligencia.
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La iniciativa define el DNI como “el conjunto de relaciones funcionales entre los organismos de inteligencia del Estado dominicano, bajo la coordinación de la Dirección Nacional de Inteligencia, con la finalidad de proveer información estratégica para la seguridad nacional” y estará bajo la dependencia del presidente de la República, quien también designará al director de esa entidad.
Entre las atribuciones que tendrá el DNI está el investigar cualquier actividad llevada a cabo por personas, grupos o asociaciones, que “atente” contra los intereses u objetivos nacionales, las instituciones del Estado, subvierta el estado de derecho, ponga en riesgo la seguridad nacional y otros aspectos adversos al Estado.
La pieza legislativa establece como atribución de la entidad recopilar y procesar información relevante para la seguridad nacional y la protección de los intereses de la nación; así como evaluar amenazas, tanto internas como externas.
Además, dispone que el organismo podrá contrarrestar en el ámbito nacional “actividades” de cualquier tipo que puedan representar un riesgo, amenaza, agresión, o subversión para la seguridad nacional.
Contempla que el organismo podrá cooperar con el Ministerio Público, en caso de que este lo requiera y siempre que el DNI lo considere necesario, con apoyo tecnológico y técnico en asuntos de crimen organizado y corrupción administrativa.
El artículo 11 del proyecto establece que “todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas, previa autorización del juez o tribunal competente, estarán obligadas a entregar al DNI todas las informaciones que esta requiera”.
