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Esposa de Octavio Dotel se querella contra dueños de discoteca Jet Set y demanda RD$300 millones por trágico derrumbe

Massiel Javier Almonte, esposa de Octavio Dotel, se querella contra dueños de discoteca Jet Set por RD$300 millones tras derrumbe. Ya suman 82 demandas por la tragedia.

Massiel Javier Almonte, esposa del expelotero de Grandes Ligas Octavio Dotel, ha formalizado una querella con constitución en actor civil contra los propietarios de la discoteca Jet Set, exigiendo una indemnización de 300 millones de pesos tras el trágico derrumbe del establecimiento.

La querella fue depositada en la Fiscalía del Distrito Nacional a través de sus abogados Ingrid Hidalgo Martínez, José Antonio Valdez Fernández y Manuel Antonio García. En la instancia, se solicita la imposición de medidas de coerción personal y real contra Antonio Espaillat, Ana Grecia López, Maribel Espaillat y Evelyn Espaillat.

Además de la indemnización millonaria, la querella pide la admisión de la misma en representación de los hijos menores de Almonte, una garantía económica de 75 millones de pesos en efectivo a cada uno de los querellados, y la autorización para inscribir hipoteca judicial provisional sobre los imputados y la entidad Inversiones E y L. También se busca trabar embargo retentivo sobre montos y valores equivalentes a 600 millones de pesos.

Ascienden a 82 las acciones legales por el derrumbe

El número de acciones legales contra los propietarios de la discoteca Jet Set ha escalado a 82, luego del devastador derrumbe que dejó un saldo de 235 muertos y más de 180 heridos. La tragedia ocurrió mientras el reconocido merenguero Rubby Pérez amenizaba la tradicional fiesta de los lunes del Jet Set, quien lamentablemente también figura entre las víctimas mortales del incidente.

Los demandantes no solo reclaman indemnizaciones millonarias, sino que también han solicitado al Ministerio Público la imposición de prisión preventiva como medida de coerción contra los propietarios de la discoteca.

Cabe destacar que algunas de estas demandas también involucran al Estado dominicano y al Ayuntamiento del Distrito Nacional, alegando un presunto incumplimiento de sus obligaciones legales en materia de seguridad y supervisión de dicho establecimiento.

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