Por Pedro Antonio Lizardo

El pasado miércoles 11 de marzo, alrededor de las 6:45 de la mañana, una camioneta de la Compañía Minera Barrick Pueblo Viejo fue incendiada en la comunidad de El Rayo, Cotuí, provincia Sánchez Ramírez. Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido información que permita esclarecer quiénes fueron los responsables de este acto, lo que genera incertidumbre y preocupación en la sociedad dominicana.

Se trata de un suceso que no puede quedar en el olvido ni en la impunidad. En un país que se rige por el orden y la ley, acciones como esta deben ser rechazadas con firmeza, pues atentan contra la estabilidad y seguridad de la nación. Si bien el derecho a la protesta está consagrado en la Constitución, este debe ejercerse de manera pacífica y dentro del marco legal, sin dar paso a actos que pueden ser catalogados como vandalismo o, en el peor de los casos, terrorismo.

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Las autoridades encargadas de la seguridad y la investigación criminal, tanto de la Policía Nacional como del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, tienen el deber de esclarecer este incidente y llevar a los responsables ante la justicia. Dejarlo en la impunidad podría abrir la puerta a nuevos hechos de violencia que pongan en riesgo la paz social y la seguridad nacional.

Lo ocurrido en Cotuí debe ser un llamado de alerta para el gobierno y la sociedad. Es imperativo que se investigue a fondo y se apliquen las sanciones correspondientes, pues de lo contrario, podríamos estar ante el inicio de un clima de inestabilidad que nadie desea.