El secretario general del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Rafael Cruz Rodríguez, ha instado al Senado de la República a preservar sin modificaciones el artículo 226 del Código de Trabajo (Ley 16-92). Este artículo exceptúa a las empresas del régimen de zonas francas del pago de la bonificación legal a los trabajadores, una medida que, según Cruz Rodríguez, es fundamental para garantizar la estabilidad del empleo en el sector.
Cruz Rodríguez subrayó que tanto la Ley 8-90 como el régimen de zonas francas representan un legado visionario del expresidente Joaquín Balaguer, concebido para el desarrollo del país y el bienestar de las futuras generaciones. «Como secretario general del PRSC, pienso que debemos retomar la misma posición que hemos expresado anteriormente. Esta reforma no puede convertirse en una reforma fiscal encubierta, especialmente cuando el presidente ya ha descartado ese tema públicamente”, puntualizó.
El dirigente reformista advirtió que esta disposición legal ha sido crucial para atraer inversión extranjera, generar más de 200 mil empleos formales y consolidar un sector que hoy representa más del 60 % de las exportaciones nacionales de bienes. Resaltó que el artículo 226 es una decisión de política pública que ha funcionado durante décadas, permitiendo que la República Dominicana se mantenga como un destino competitivo frente a otras economías que también luchan por captar inversión.
Contradicción con políticas actuales y advertencia de riesgos
Adicionalmente, «Papito» Cruz señaló que modificar este artículo iría en contradicción con la política de rescate, recuperación y potencialización del sector zonas francas que el presidente Luis Abinader ha impulsado con notable éxito desde el año 2020.
El alto dirigente reformista reiteró que esta exención ha estado vigente desde la creación del Código en 1992, e incluso existen antecedentes normativos previos que respaldan su existencia como parte del marco legal especial que dio origen al régimen de zonas francas.
«Este artículo es fruto de un consenso histórico que permitió construir un ecosistema favorable para la inversión y la generación de empleos formales y una preservación de las zonas francas del país. Alterarlo en este momento, cuando el sector atraviesa una etapa de expansión, sería un grave error que pondría en riesgo su sostenibilidad”, enfatizó Cruz.
El también director general de Proindustria advirtió que modificar esta disposición introduciría incertidumbre jurídica y podría encarecer las operaciones de muchas empresas, abriendo la posibilidad de que trasladen sus inversiones hacia otras jurisdicciones más competitivas.
Finalmente, el Secretario General del PRSC reiteró que la organización política que representa defenderá este marco legal como una conquista de largo plazo, que ha contribuido significativamente a la estabilidad económica, la generación de empleos y la competitividad del país.
