Santo Domingo. — El administrador de empresas Jean Carlos Altuna presentó este 1 de mayo un anteproyecto de ley que busca establecer un marco normativo robusto para prevenir colapsos estructurales en edificaciones públicas y privadas del país, a través de inspecciones técnicas, control institucional y financiamiento transparente.

La propuesta, titulada Ley General de Seguridad Estructural de las Edificaciones, surge tras incidentes como el trágico derrumbe del techo en la discoteca Jet Set, que dejó 232 fallecidos y más de 170 heridos, y que evidenció las fallas graves en mantenimiento y supervisión de inmuebles de alta concurrencia.

“La seguridad estructural no puede seguir siendo vista como una cuestión técnica aislada ni una responsabilidad exclusivamente privada. Es un tema de sostenibilidad urbana y de protección a la vida”, afirmó Altuna.

Entre los principales puntos del anteproyecto figuran:

Creación del Fideicomiso Público para la Inspección, Mantenimiento y Seguridad de las Infraestructuras (FIPSEI), encargado de gestionar los recursos destinados a supervisión y mejoras estructurales.

Establecimiento del Sistema Nacional de Evaluación Técnica de Infraestructuras (SINETI), plataforma digital de acceso público que clasificará el estado de las edificaciones según criterios técnicos estandarizados.

Clasificación de riesgo estructural: Las edificaciones serán catalogadas en verde (seguras), amarillo (deficiencias menores) o rojo (riesgo crítico), con sanciones en casos graves.

El anteproyecto contempla una contribución especial anual obligatoria, según el nivel de afluencia de cada inmueble:

Baja afluencia (50-250 personas): RD$3,000

Media afluencia (251-1,000 personas): RD$6,000

Alta afluencia (más de 1,000 personas): RD$10,000

Altuna estima que alrededor de 65,000 edificaciones en el Gran Santo Domingo estarían sujetas a este sistema, lo que generaría recursos significativos para la prevención y corrección de riesgos.

“Prevenir tragedias cuesta mucho menos que afrontarlas. Esta ley no busca frenar el desarrollo, sino protegerlo con reglas claras y mecanismos eficientes”, subrayó.

La iniciativa incluye auditorías periódicas, transparencia en el uso de los fondos y publicación de informes anuales para garantizar la rendición de cuentas.

Altuna concluyó que esta propuesta representa una oportunidad para que República Dominicana avance hacia un modelo de infraestructura segura, sostenible y económicamente inteligente, acorde con los desafíos sísmicos y climáticos del país.