El repunte de los precios internacionales de la energía, impulsado por la guerra en Oriente Medio, ha generado nuevas presiones inflacionarias en Latinoamérica.
Con el barril de Brent superando los 100 dólares, los bancos centrales de la región evalúan retrasar los recortes de las tasas de interés o mantener políticas monetarias restrictivas para evitar que el encarecimiento de los combustibles se traslade a sectores críticos como el transporte, los alimentos y las tarifas aéreas.
El impacto de esta crisis energética es desigual entre los países latinoamericanos.
Mientras naciones productoras como México y Brasil amortiguan el golpe mediante subsidios fiscales y mayores ingresos por exportaciones, las economías netamente importadoras como Chile enfrentan alzas directas en las gasolinas.
En Colombia, aunque el presupuesto de 2026 se calculó con un Brent a 60 dólares, la inflación podría repuntar hasta el 6.5 % al cierre del año debido al costo de los fletes y los fertilizantes, obligando al Banco de la República a mantener su tasa en 10.25 %.
Por su parte, el sector aéreo ha encendido las alarmas, ya que la IATA reporta un incremento del 58.4 % en el precio del combustible para aviones desde el inicio del conflicto.
Países como Argentina ven en el crecimiento de Vaca Muerta un alivio para su balanza energética, pero economías con alta vulnerabilidad como Venezuela advierten que la inflación podría cerrar el 2026 en tres dígitos si persiste la inestabilidad en el suministro de insumos clave procedentes de Irán.
