SANTO DOMINGO, RD.– El Ministerio Público ha desmantelado una red de trata de personas que operaba bajo un esquema sofisticado de captación, traslado, explotación y control de mujeres, principalmente de nacionalidad colombiana. La operación, denominada «Begonias», culminó este sábado con múltiples allanamientos en la provincia Santo Domingo, resultando en el rescate de más de 40 víctimas de explotación sexual.
La investigación, que tomó varios meses, reveló que las mujeres eran traídas a República Dominicana bajo falsas promesas de empleos bien remunerados como camareras o bartenders en hoteles. Una vez en el país, eran despojadas de sus documentos y sometidas a un régimen de amenazas y coerción.
Esquema de explotación y control
La procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), explicó que la red captaba a las jóvenes en Colombia y, al llegar a República Dominicana, les imponía una supuesta deuda de entre 3,500 y 4,000 dólares. Esta deuda, bajo la promesa de que serían liberadas al pagarla, servía para obligarlas a la explotación sexual.
Además de las amenazas de violencia física, los tratantes ejercían presión sobre las mujeres con la advertencia de hacer daño a sus familiares en Colombia si intentaban escapar o se negaban a colaborar, una táctica común en las redes de trata transnacional.
Arrestos e incautaciones
Durante los operativos, fueron arrestadas ocho personas (cuatro hombres y cuatro mujeres) de nacionalidades dominicana y colombiana, quienes enfrentarán cargos criminales en las próximas horas.
Las autoridades también incautaron dinero en efectivo, seis vehículos, drogas, equipos electrónicos y cuadernos de anotaciones con información relevante de la red. Asimismo, varios inmuebles utilizados como centros de operaciones, incluyendo una edificación de varios niveles, fueron confiscados.
La Operación Begonias contó con el apoyo de la Dirección General de Persecución, la Fiscalía de Santo Domingo Este, la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), la Policía Nacional, el Anti Trafficking Bureau (ATB) y la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos.
Las autoridades reiteraron su firme compromiso con la lucha contra el crimen organizado y la trata de personas, considerada una de las violaciones más graves a los derechos humanos.
