SANTO DOMINGO, RD. – La efectividad de las multas de tránsito en la República Dominicana es una pregunta que resuena con cada embotellamiento y cada infracción impune. La realidad es contundente: los conductores dominicanos adeudan más de RD$8.7 mil millones en multas, una cifra astronómica si consideramos que, en los últimos siete años, se han impuesto más de 10 millones de contravenciones. El INTRANT y el Ministerio Público lo confirman: hasta mayo de 2025, la deuda acumulada es de RD$8,704 millones. Entonces, la pregunta clave se impone: ¿tiene sentido seguir multando si el sistema de cobro y sanción es tan ineficaz?
El problema se agrava con una cláusula legal que permite que, después de un año, un simple reclamo ante un juzgado de paz invalide la contravención. Esto, en la práctica, convierte muchas multas en papel mojado, enviando un mensaje claro: las reglas pueden ser evadidas. Es este «régimen de consecuencias» inexistente lo que explica, en gran medida, por qué el tránsito en el país es un verdadero caos. Podemos prohibir giros a la izquierda, implementar nuevas regulaciones y endurecer la ley, pero si no hay una consecuencia real y tangible para el infractor, todo esfuerzo será en vano.
La mentalidad: El verdadero obstáculo
Las soluciones no pueden quedarse solo en el superficie. Las nuevas normativas viales son importantes, sí, pero no son la panacea. Lo principal, lo verdaderamente trascendental que debemos modificar es la mentalidad con la que asumimos la conducción y el respeto por las normas en nuestras calles.
Mientras millones de conductores dominicanos sigan sintiéndose con la libertad de hacer «lo que nos place» en las vías, ningún plan, regulación, orden judicial o multa logrará cambiar el panorama. La cultura de la impunidad y la falta de civismo son los verdaderos semáforos en rojo que impiden un tránsito ordenado y seguro.
Es hora de pasar de la pregunta «¿para qué poner multas si no se pagan?» a «¿cómo logramos que se paguen y, más importante aún, cómo incentivamos una cultura de respeto vial?». La respuesta no está solo en el aparato judicial o en la cantidad de agentes de tránsito, sino en un cambio profundo en la conciencia ciudadana.
