El Senado de Madagascar ha aprobado una ley que contempla la castración química y quirúrgica para los violadores de menores, una medida que ha generado controversia y ha sido calificada como «cruel, inhumana y degradante» por Amnistía Internacional.
La iniciativa, que aún requiere la validación de la Corte Constitucional Alta antes de ser promulgada por el presidente Andry Rajoelina, busca endurecer las penas para los delitos sexuales contra menores de edad en un país donde la violencia sexual es un problema grave.
Defensores de la medida argumentan que la castración disuadirá a los potenciales violadores y protegerá a los niños. Sin embargo, críticos señalan que no hay evidencia científica que respalde la eficacia de la castración como medida disuasoria y que, por el contrario, viola los derechos humanos de los condenados.
Amnistía Internacional ha expresado su profunda preocupación por la ley, calificándola de «un paso atrás en la lucha contra la violencia sexual«. La organización argumenta que la castración no es una solución al problema y que es necesario enfocarse en la prevención, la educación y el apoyo a las víctimas.
La decisión del Senado de Madagascar ha generado un debate acalorado en el país y en la comunidad internacional. Se espera que la Corte Constitucional Alta se pronuncie sobre la ley en las próximas semanas.
