SANTO DOMINGO, RD. – La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, ha expresado su profunda inconformidad con la medida de coerción dictada por la jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, a los propietarios de la discoteca Jet Set. Los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en la tragedia que dejó 235 muertos y más de 100 heridos, recibieron una garantía económica de 50 millones de pesos cada uno, presentación periódica e impedimento de salida del país.
Para la fiscal Ramos, esta decisión, adoptada la madrugada de este jueves, “deja un profundo sabor a injusticia” y pone “en entredicho la esperanza de justicia de cientos de familias”.
En un mensaje en su cuenta de X, Ramos enfatizó: “La decisión de la magistrada Fátima Veloz deja un profundo sabor a injusticia, especialmente frente a una investigación exhaustiva y bien fundamentada por parte del Ministerio Público, que buscaba hacer valer la ley en nombre de las 235 víctimas mortales, más de 100 heridos y 130 huérfanos que dejó la tragedia del Jet Set. Esta decisión no solo hiere la memoria de quienes ya no están, sino que también pone en entredicho la esperanza de cientos de familias que claman por justicia. No puede haber paz mientras la impunidad tenga más peso que el dolor colectivo”.
Ministerio Público califica decisión como «burla» y anuncia apelación.
El magistrado Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público, secundó la postura de Ramos, calificando la decisión de la Jueza Veloz como una “burla a las víctimas” al considerar que el tribunal no valoró los hechos en su justa dimensión.
En consecuencia, el Ministerio Público ha anunciado que apelará las medidas de coerción.
“Creemos que el tribunal no valoró correctamente la magnitud del daño que han traído para la sociedad dominicana los hechos; pero, sobre todo, el daño que significa para 235 personas que murieron, más de 180 personas que resultaron heridas y más de 130 niños que quedaron huérfanos como consecuencia de esta conducta y como consecuencia del comportamiento de Antonio y Maribel Espaillat que pusieron sobre el interés de las personas que ahí estaban, las que acudían normalmente a esa discoteca, su interés económico”, puntualizó Camacho, reafirmando el compromiso de la institución con la búsqueda de una justicia más contundente.
