Organizaciones y agrupaciones comunitarias de La Caleta, en Santo Domingo Este, llevaron a cabo una huelga este lunes en rechazo a los inminentes desalojos de viviendas que han ocupado por más de 40 años.

La protesta, que se extendió desde las 6:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía, logró la paralización de educadores, comerciantes, iglesias, transportistas, trabajadores y la comunidad en general. Los manifestantes explicaron que los terrenos donde están construidas sus casas son propiedad de terceros, por lo que solicitan al gobierno declarar dichos terrenos de utilidad pública para que puedan ser titulados a sus actuales ocupantes.

Un problema de larga data y la mediación gubernamental

En octubre pasado, durante una edición de «Listín en el Barrio», los comunitarios ya habían denunciado esta situación, que genera gran preocupación entre los casi 90,000 habitantes de La Caleta. En esa ocasión, se adelantó que el presidente Luis Abinader designó al senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, como comisionado para mediar entre los propietarios (algunos constituidos en persona jurídica) y los residentes.

«Tienen que declararlo de utilidad pública, si no lo declaran de utilidad pública y le pagan a los dueños, la Constitución entonces estaría violándose y el presidente no quiere esa situación. Es un proceso muy grande, porque según estudios más del 70% de las familias dominicanas vivimos en terrenos que no son nuestros ni son del Estado, sino que son de particulares”, agregó Santos Carvajal, coordinador del Consejo de Desarrollo Comunitario de la Caleta (Codecoc).

Postura del Gobierno: Titulación vs. Problemas con terceros

En respuesta a estas demandas, Rafael Burgos Gómez, director general de Bienes Nacionales, aclaró que el Estado no está desalojando personas. «Contrario a estar desalojando, desde el gobierno lo que estamos es titulando a quienes no están regulados, siempre y cuando los terrenos sean del Estado; ahora bien, si esas tierras son propiedad privadas o tienen problemas con terceros, ya ese es un tema de la justicia que nosotros no tenemos nada que ver”, puntualizó Burgos Gómez.

El funcionario dejó claro que el gobierno no busca intranquilizar a la población con el tema del desalojo, siempre y cuando se trate de terrenos del Estado. De lo contrario, ya es un proceso en el que la institución no tiene injerencia directa.