El plazo otorgado por el presidente Luis Abinader para que los funcionarios de su gobierno presenten sus declaraciones juradas de bienes ha finalizado, y ahora corresponde aplicar sanciones a quienes no cumplieron con esta obligación. Aunque aún no se ha confirmado el número exacto de funcionarios que siguen sin presentar sus declaraciones o si todos han acatado la medida, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana será la encargada de actualizar los listados. Por su parte, el Gabinete de Ética del gobierno deberá realizar el seguimiento correspondiente.
El pasado 24 de septiembre, Abinader otorgó un plazo de 15 días para que los funcionarios presentaran su declaración patrimonial, advirtiendo que quienes no lo hicieran serían suspendidos de sus cargos de manera inmediata, y si tras otros 15 días persistía el incumplimiento, serían cancelados.
Este ultimátum fue respaldado por la Ley No. 311-14, que establece que los funcionarios y servidores públicos deben presentar un inventario notariado de sus bienes y deudas dentro de los 30 días posteriores a su designación. Sin embargo, muchos servidores, tanto de organismos centralizados como descentralizados, así como senadores, diputados, alcaldes y regidores, aún no han cumplido cabalmente con esta obligación.
La medida del presidente Abinader refleja un esfuerzo por garantizar la transparencia en su gobierno, al presionar a los incumplidores para que declaren sus bienes y enfrenten las consecuencias legales de no hacerlo.
