El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, entregó este lunes en el Senado el proyecto de ley que modifica la Ley núm. 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas. Esta reforma busca endurecer las penas para quienes sean culpables de tráfico ilícito de migrantes, con el objetivo de enfrentar la migración ilegal y garantizar la soberanía nacional.
El proyecto de ley plantea un aumento significativo de las penas para los responsables del tráfico ilícito de migrantes. Las penas de reclusión pasarían de 10 a 15 años a un rango de 12 a 20 años, con multas que varían entre 750 y 1,500 salarios mínimos, además de la inhabilitación de los derechos de ciudadanía para los infractores.
Nuevas definiciones y penas para cómplices
El proyecto también redefine el delito y establece nuevas penas para los cómplices. Además, introduce circunstancias agravantes para los autores principales, como la relación con la víctima, el grado de vulnerabilidad de la misma y los medios utilizados para cometer el delito.
En cuanto a los cómplices, se precisan nuevas sanciones, incluyendo penas más severas cuando se utilicen armas o cuando se cause daño a personas mayores o se dé lugar a la muerte de la víctima.
Reformas clave en los artículos 2, 5, 6 y 7
El proyecto de ley modifica específicamente los artículos 2, 5, 6 y 7 de la ley actual:
Artículo 2: Amplía la definición de tráfico ilícito de migrantes para facilitar la persecución efectiva de este delito.
Artículo 5: Establece la penalización por omisión, haciendo responsables a quienes, por deber legal o vínculo con la víctima, no actúen para evitar el daño.
Artículo 6: Redefine la participación del cómplice en el crimen.
Artículo 7: Introduce nuevas agravantes para los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, como la vulnerabilidad de la víctima y la gravedad del daño causado.
Respaldo del Senado y urgencia del proyecto
Ricardo de los Santos, presidente del Senado, expresó el apoyo del Congreso Nacional a este proyecto de ley, destacando su importancia para la seguridad nacional y el bienestar de los ciudadanos. El presidente Luis Abinader había anunciado previamente esta reforma como parte de un conjunto de medidas para enfrentar la migración ilegal y proteger la soberanía de la República Dominicana.
