SANTO DOMINGO, R.D. – El proyecto de modernización fiscal presentado por el Poder Ejecutivo, que generó amplio rechazo social y fue finalmente retirado, buscaba la reducción y eliminación de exenciones fiscales, particularmente las relacionadas con la importación de vehículos de motor.

La iniciativa pretendía suprimir privilegios tributarios históricos que, según el Gobierno, representaban un alto costo para el fisco sin traducirse en los beneficios económicos esperados. El proyecto argumentaba que estas exenciones habían erosionado la recaudación sin cumplir su objetivo de atraer inversión o generar interés social.

Entre las medidas más destacadas de la propuesta figuraba la eliminación de la exoneración de vehículos para legisladores, derogando una ley de 1966 que otorgaba este privilegio. También se buscaba restringir las exenciones para organizaciones no gubernamentales (ONG), limitándolas solo a impuestos sobre la renta y donaciones, eliminando franquicias automáticas para importaciones.

Además, la reforma planteaba la revisión de incentivos para vehículos de energía no convencional, proponiendo un régimen temporal y decreciente para sus exoneraciones. En el ámbito social, mantenía la exención arancelaria para vehículos de personas con discapacidad, pero con límites claros de adaptación y frecuencia de importación (cada diez años).

Las autoridades justificaron estos cambios como parte de una estrategia para sanear las cuentas públicas y lograr una mayor equidad tributaria, buscando eliminar ventajas fiscales que consideraban sin justificación económica o social.

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