Santo Domingo. – El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, firmó el Decreto 105-25 con el objetivo de optimizar el uso de los recursos públicos mediante un conjunto de medidas que buscan reducir el gasto estatal y garantizar una administración eficiente.
El decreto establece restricciones en diversas áreas del gasto gubernamental, incluyendo la adquisición de vehículos, el uso de transportes oficiales, los viajes al exterior, las publicaciones y eventos oficiales, entre otros aspectos.
Principales disposiciones del decreto
Restricción en la compra de vehículos oficiales: Se prohíbe la adquisición de vehículos de motor por parte de las instituciones gubernamentales, salvo casos excepcionales autorizados por el Ministerio Administrativo de la Presidencia.
Regulación de exoneraciones y exenciones: Todas las solicitudes de exoneración o exención de vehículos deberán ajustarse estrictamente a lo que establecen las leyes vigentes.
Uso de vehículos oficiales: Se prohíbe el uso de vehículos estatales los fines de semana y días feriados, salvo en casos necesarios para el desempeño de labores institucionales, como en los sectores de seguridad y salud.
Limitaciones en viajes al exterior: Se prohíben las salidas al exterior de funcionarios públicos sin la debida autorización. Además, se restringe la compra de boletos en primera clase y se limita el número de personas por institución en viajes oficiales a un máximo de dos, salvo en situaciones excepcionales.
Control en el uso de escoltas motorizadas: Solo podrán contar con escolta los altos funcionarios como el presidente, vicepresidente, ministros de Defensa y de Interior y Policía, el procurador general y otros dignatarios claves. Cualquier otra excepción requerirá una autorización especial.
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Revisión de personal militar y policial asignado: Se busca optimizar la distribución del personal de seguridad en instituciones públicas, limitándolo a la cantidad estrictamente necesaria.
Reducción de gastos en publicidad y materiales impresos: Solo se permitirán publicaciones impresas por mandato legal o reglamentario y en números estrictamente necesarios. Se prohíbe la compra de artículos promocionales.
Eliminación de gastos superfluos: Se prohíben las celebraciones y eventos financiados con fondos públicos, salvo aquellos organizados por la Presidencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Turismo en honor a delegaciones extranjeras.
Control en remodelaciones y arrendamientos: Se restringen las remodelaciones en oficinas gubernamentales que superen los montos establecidos por la Dirección General de Compras y Contrataciones. Asimismo, solo se permitirá el arrendamiento de espacios privados para capacitaciones y entrenamientos.
Supervisión y cumplimiento: El Ministerio Administrativo de la Presidencia, junto con el Ministerio de Administración Pública, la Dirección General de Presupuesto y la Contraloría General de la República, serán los encargados de supervisar el cumplimiento del decreto.
El decreto estará vigente durante el año 2025 y será monitoreado para evaluar su impacto en la optimización del gasto público.