Santo Domingo, RD. -El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), pidió la inmediata demolición de la cárcel La Victoria, por considerarla como un monumento a la indignidad humana, un símbolo de la permanente violación de los derechos humanos de quienes guardan prisión, en la mayoría de los casos como presos preventivos, lo que la convierte en un fracaso de nuestro sistema de administración de justicia penal.
El presidente del gremio que agrupa los abogados, Trajano Potentini, deploró las condiciones infrahumanas en que viven los internos del denominado viejo modelo penitenciario, el que calificó como una vergüenza que aún persiste en más de la mitad la población penitenciaria del país, constituyéndose estos recintos en verdaderos antros de corrupción, universidades del crimen y centros de operación al servicio de la criminalidad organizada.
«La Victoria retrata la quiebra del Estado Social, Democrático y de Derecho, inobservando el más básico, elemental e instrumental de los derechos fundamentales, nos referimos a la dignidad humana, protegido por nuestra Constitución, incluso también con categoría de principio y valor constitucional», afirmó.
CARD propone unificar el viejo modelo penitenciario con el nuevo
El CARD entiende que ya es tiempo de desterrar la cultura de descuido y desatención de quienes guardan prisión, proponiendo en concreto, hacer acopio de la experiencia y exitoso funcionamiento del nuevo modelo penitenciario, en consecuencia, disponiendo de los recursos y personal necesario para unificar bajo el nuevo modelo penitenciario todo el sistema.
La solución planteada se traduce en más presupuesto, con la voluntad política del gobierno, asumiendo los costos, terminando la cárcel de Las Parras, además de intervenir y adecuar de emergencia los centros carcelarios del antiguo modelo penitenciario.
Pide al Gobierno indemnizar a los familiares de los fallecidos en incendio
El gremialista lamentó el siniestro que cobró la vida de unos 13 internos y peor aún, con menos de una semana ya se registra otro incendio, ratificando las pobres condiciones del recinto carcelario.
Instó al Gobierno a indemnizar a los familiares de los 13 internos que perecieron en el incendio «ciertamente la negligencia del gobierno al mantener estos centros carcelarios abiertos, sin las condiciones mínimas para albergar seres humanos, sin lugar a duda se traduce en una falta, que compromete la responsabilidad civil y patrimonial del Estado dominicano y sus funcionarios».
