Santo Domingo, RD..- Los presidentes de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), Julio César de la Rosa Tiburcio, y del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), pastor Feliciano Lacen, ponderaron positivamente el decreto 581-23 emitido por el presidente Luis Abinader que dispone la constitución de un fideicomiso público para salvaguardar los terrenos propiedad del Consejo Estatal del Azúcar (CEA).
De la Rosa Tiburcio consideró como favorable que este decreto se produzca luego de que una Comisión Revisora hiciera las indagaciones de lugar y realizara un análisis exhaustivo sobre el estado de esos terrenos y determinara que un fideicomiso público es la opción más viable para proteger ese patrimonio del Estado y garantizar una administración eficaz y transparente de esos activos.
También saludó la conformación del consejo técnico del fideicomiso público denominado “Fondo de Desarrollo de Infraestructura”, el cual estará compuesto por funcionarios públicos que son los incumbentes de los ministerios de la Presidencia, de Hacienda y de Economía, Planificación y Desarrollo, “pues esto garantizará que el Estado permanecerá obteniendo los beneficios que se van a producir”.
El presidente de ADOCCO dijo: “Qué bien que se haya constituido un fideicomiso público para garantizar la preservación de ese patrimonio y, sobre todo, poder obtener beneficios que hasta el momento no se han tenido con los terrenos del CEA”.
Sostuvo que la figura del fideicomiso público lo que procura es preservar y garantizar el patrimonio del Estado y que por las mismas exigencias de la ley de fideicomisos se debe rendir cuentas y transparentar los beneficios de lo que produce el patrimonio o bien que está protegido por esta figura.
“La experiencia que ha ocurrido en el CEA es que se ha manejado con poca transparencia. Y luego de que esta comisión hiciera un levantamiento, entonces por eso recomendó la constitución de un fideicomiso público para preservar y garantizar que no se siga descuartizando la propiedad del Estado dominicano”, manifestó.
De su lado, el pastor Feliciano Lacen, presidente del CODUE expresó: “Yo pienso que ese fideicomiso público viene a resolver un problema estructural y sistémico, una situación histórica que ha sido un tormento para la sociedad dominicana como es el CEA”, refirió. Aseguró que el mismo va a contribuir a modernizar y organizar más el Estado dominicano.
También manifestó que, como representante de la comunidad de fe, una de las cosas que más le satisface del fideicomiso público denominado “Fondo de Desarrollo de Infraestructuras”, es la composición del consejo técnico del mismo, ya que está integrado por representantes del Estado dominicano.
Aseguró que eso genera tranquilidad y “sentimos que hay profesionales que están preocupados por hacer lo mejor posible en el Estado”.
Recordó que, como veedor de la sociedad dominicana, el CODUE ha levantado bandera contra fideicomisos privados, pero como en este caso se trata de un fideicomiso público está a su favor porque beneficiará a la mayoría “porque el Estado es el garante y dueño de las tierras”.
“Para mí esto es algo muy favorable para el país porque por primera vez en la República Dominicana se está haciendo algo en beneficio de la colectividad. Como siempre nosotros hemos dicho, como institución velamos por el beneficio de la mayoría y de la clase más desposeída”, manifestó.
El presidente del CODUE felicitó el trabajo realizado por la Comisión Revisora de los contratos sobre ventas de terrenos propiedad de los ingenios del Estado suscritos entre el CEA y particulares. La misma recomendó la creación de un fideicomiso público a los fines de una administración eficaz y transparente de esos activos, luego de un ponderado trabajo de análisis sobre el destino de este importante ente estatal acreedor de miles de tareas en distintas partes del país.
Esta comisión fue creada en junio del 2023. Está integrada por Enriquillo Reyes (presidente); el director ejecutivo del CEA (vicepresidente); Yolanda de la Cruz Vargas (secretaria); así como por Fidias Aristy Payano, Francisco Torres, Fabio Cabral Valenzuela y Víctor Sánchez.
Análisis
El decreto 581-23 constituye un paso importante en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el CEA. La creación de un fideicomiso público para la administración de los terrenos del CEA garantiza que estos serán administrados de manera transparente y eficiente, en beneficio del Estado y de la sociedad dominicana.
La composición del consejo técnico del fideicomiso, integrado por representantes del Estado, es una garantía de que los intereses de la colectividad estarán representados en la administración de estos activos.
