Por: Osvaldo Reyes
SANTO DOMINGO, RD. – Cada inicio de año escolar, la misma historia: escasez de cupos, aulas desbordadas y un coro de «no hay espacio» para nuestros niños. Pero, ¿es realmente una crisis de infraestructura o hay un cáncer más profundo carcomiendo nuestro sistema educativo público? Las recientes denuncias de amiguismo, venta de cupos y comercialización ilegal de uniformes y materiales dentro de las propias escuelas apuntan a lo segundo. Es una vergüenza que, en vez de garantizar un derecho fundamental, se haga negocio con la esperanza de las familias dominicanas.
¿»Colaboración» o chantaje? El negocio de los cupos y los stickers
No podemos seguir llamándole «colaboración» a lo que en muchos casos es un descarado chantaje. Mientras miles de padres se desgastan buscando un espacio para sus hijos, se rumora que cupos son «guardados» para los allegados o vendidos al mejor postor. ¿Cómo es posible que en una escuela pública, donde la educación debe ser gratuita, se exijan pagos de 500 pesos por una inscripción? Y, como si fuera poco, ¡ahora hasta los «stickers distintivos» se venden entre 300 o 500 pesos!
Esto no es un problema aislado; es un patrón que se repite año tras año, y que golpea directamente al bolsillo de las familias más vulnerables. El acceso a la educación no puede depender de la billetera o de tener un padrino que resuelva.
El uniforme: ¿Derecho del estudiante o caja chica de la escuela?
Es inaceptable que los uniformes y materiales educativos, que supuestamente son distribuidos gratuitamente en los centros, terminen siendo vendidos a los propios padres dentro de las instalaciones escolares. Esto transforma un beneficio en una carga adicional para la familia y levanta serias dudas sobre la transparencia en la gestión de los recursos públicos. ¿Dónde queda el compromiso con la gratuidad y la equidad educativa?
Un llamado urgente a las autoridades: ¡Es hora de actuar!
Las autoridades del Ministerio de Educación no pueden seguir haciendo la vista gorda. Es momento, ante el problema cada año, de que dejen de lado las promesas vagas y las excusas de «sobrepoblación» para enfrentar de frente el amiguismo y la corrupción.
Necesitamos una fiscalización real y efectiva. Se deben establecer mecanismos claros para que los padres puedan denunciar estas irregularidades sin temor a represalias, y los responsables deben ser identificados y sancionados con todo el peso de la ley. La educación de nuestros niños es el futuro de la nación, y no podemos permitir que se convierta en un mercado negro.
