DAJABÓN. El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) condenó este viernes la actuación del alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, quien el jueves dispuso el retiro forzoso de varios niños y adolescentes que se encontraban en el parque Juan Luis Franco Bidó, sin seguir los protocolos establecidos para este tipo de casos.

A través de un comunicado oficial, Conani calificó la acción como una intervención “arbitraria e irregular”, señalando que la misma vulneró las disposiciones de la Ley 136-03, que establece el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes en la República Dominicana.

• “Se violentó el derecho a la integridad personal y las disposiciones legales relativas al traslado o retención de personas menores de edad”, advirtió el organismo.

Conani activa protocolos de protección

La institución informó que su Oficina Municipal en Dajabón mantiene presencia permanente en el Centro de Acogida de la Dirección General de Migración (DGM), específicamente en el espacio habilitado como “Amigable para la Niñez”.

Una vez recibidos los menores por parte de la DGM, el equipo técnico de Conani aplicó el Protocolo para la Identificación, Atención y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en Movilidad Humana, realizando entrevistas de evaluación caso por caso.

Tras ese proceso, seis de los menores de edad fueron identificados como no arraigados en territorio dominicano, ya que refirieron tener familiares en Haití. Como resultado, se gestionó su retorno asistido y entrega en el Puente Binacional Dajabón-Ouanaminthe a las autoridades del Instituto de Bienestar Social y de Investigación (IBESR) de Haití, en el marco de un proceso de reunificación familiar.

Menores salieron sin evaluación previa

El informe también reveló que cinco niños y adolescentes salieron sin autorización de las instalaciones de la DGM antes de ser evaluados por Conani, situación que fue reportada oficialmente y que complica el seguimiento institucional de su caso.

El organismo reiteró que las intervenciones con menores en situación de calle o en movilidad deben respetar los marcos legales nacionales e internacionales, priorizando el interés superior del niño y garantizando su protección frente a cualquier trato discriminatorio, abusivo o ilegal.