El Ministerio Público solicitó prisión preventiva como medida de coerción contra Winston Risik Rodríguez, conocido como “El Gallero”, recientemente excarcelado tras cumplir una condena de 10 años por narcotráfico, porte ilegal de armas y lavado de activos. En esta nueva ocasión, se le acusa de abuso sexual y psicológico contra una menor de 17 años de edad, en un caso que ha generado preocupación y seguimiento mediático.
La solicitud fue presentada por el fiscal adjunto Cesarino Minyety, de la Unidad de Prevención y Persecución de la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales del Distrito Nacional. La audiencia, que se llevaría a cabo este viernes, fue aplazada para el próximo miércoles por decisión de la jueza Fátima Veloz, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, con el objetivo de que la defensa técnica del imputado, encabezada por la abogada Janet Peralta Rodríguez, tenga acceso al expediente y el tiempo necesario para preparar su estrategia legal.
La acusación está sustentada en el artículo 332-1 del Código Penal Dominicano, que tipifica como incesto cualquier acto de naturaleza sexual cometido por un adulto, mediante coacción, contra un menor con el cual exista parentesco hasta el cuarto grado. También se le imputan violaciones a la Ley 136-03, artículo 396, literales b y c, que protege los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.
Este nuevo proceso judicial se produce apenas meses después de que Risik recuperara su libertad, tras cumplir una sentencia de 10 años por cargos vinculados a narcotráfico y tenencia ilegal de armas. Durante ese proceso, fue objeto de un intento de asesinato en prisión y su caso provocó la destitución de dos jueces que anularon su primera sentencia condenatoria.
En septiembre de 2024, el juez de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Santiago, Julio César Araujo Díaz, autorizó su liberación. Su condena incluía la posesión de 10 kilos de cocaína y un arsenal de guerra —entre ellos, un fusil RM, un M-16, cargadores múltiples y miras telescópicas— incautados en una vivienda de su propiedad en Monte Plata. El proceso, iniciado en 2014, se desarrolló bajo la gestión del entonces procurador general Francisco Domínguez Brito y del entonces presidente de la DNCD, Julio César Souffront Velázquez.
