COTUÍ, RD.– El Tribunal Colegiado de Sánchez Ramírez condenó este lunes a 30 años de prisión a Ammy Hiraldo Peña, tras declararla culpable de causar la muerte de Yennely Andreyna Duarte, un hecho que estremeció profundamente al municipio de Cotuí en marzo de 2024.
La sentencia fue recibida con alivio por familiares y allegados de la víctima, quienes durante meses mantuvieron viva la exigencia de justicia ante los constantes reenvíos que retrasaron el proceso. Cada aplazamiento aumentaba la indignación y el dolor de una comunidad decidida a que el caso no quedara impune.
Los magistrados Tiburcio Gómez y Francis Valerio, representantes del Ministerio Público, sostuvieron durante todo el juicio la responsabilidad penal de Hiraldo Peña, presentando pruebas y argumentos que, a juicio del tribunal, demostraron de manera contundente cómo ocurrieron los hechos.
El proceso, aunque extenso y marcado por recursos y retrasos, se desarrolló finalmente con la presencia de todas las partes y permitió a los jueces emitir un fallo considerado ejemplar.
La familia de Yennely Andreyna Duarte había denunciado en varias ocasiones que los repetidos reenvíos afectaban emocionalmente su búsqueda de justicia y generaban temor de que la sentencia pudiera postergarse indefinidamente.
A raíz de esas preocupaciones, realizaron vigilias, expresiones públicas y concentraciones frente al Palacio de Justicia de Cotuí, clamando porque el caso avanzara.
Tras la lectura del fallo, numerosos comunitarios y activistas afirmaron que la condena representa un precedente importante para la provincia Sánchez Ramírez.
Consideran que la sentencia devuelve algo de tranquilidad a una familia que vivió meses de angustia y que se constituye en un mensaje claro sobre la importancia de garantizar justicia en casos de violencia.
De su lado, el Ministerio Público reiteró su compromiso con la persecución penal de los crímenes que afectan a mujeres y destacó que este caso es un ejemplo de cómo la labor investigativa, junto con la perseverancia de los familiares, puede conducir a resultados firmes en los tribunales. La institución valoró además el trabajo coordinado de los fiscales actuantes y señaló que la condena impuesta es proporcional a la gravedad del hecho.
La decisión del Tribunal Colegiado marca el cierre de un proceso doloroso, pero también reafirma la importancia de que la justicia avance sin dilaciones indebidas.
