América Latina y el Caribe enfrentan una profunda crisis: aunque la región concentra inmensas reservas de agua dulce, millones de personas no tienen acceso seguro en sus hogares. Esta paradoja, impulsada por el cambio climático y la mala gestión, amenaza la seguridad hídrica de las futuras generaciones y contraviene los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030.
El problema es estructural, abarcando desde la infraestructura colapsada en Venezuela y la sobreexplotación de acuíferos en México, hasta la crisis de potabilización en Uruguay y la pérdida de glaciares en Perú.
I. Sequías, desperdicio e impacto climático
La escasez se ha vuelto un fenómeno recurrente, incluso en los países más ricos en agua, debido a la intensificación de los fenómenos climáticos y fallas de infraestructura:
- Brasil: A pesar de tener algunos de los mayores caudales del planeta, el 71% del país sufrió afectaciones por la sequía de 2024 en la Amazonia. La escasez no solo aisló comunidades, sino que provocó incendios forestales históricos y puso en riesgo la generación hidroeléctrica.
- Colombia: Un país con seis veces más agua que el promedio mundial, su capital, Bogotá, enfrentó un racionamiento sin precedentes por bajos niveles en los embalses. Expertos señalan la necesidad urgente de proteger páramos y bosques, y de integrar el cambio climático en las políticas públicas.
- Uruguay: En 2023, Montevideo vivió su peor crisis hídrica: el agua del grifo se volvió salada. La situación se catalogó como un «fracaso de gestión» ya que el 50% del agua potabilizada se perdía en cañerías deterioradas.
- Puerto Rico: El territorio proyecta un 20% menos de precipitaciones en los próximos 25 años. La crisis se agrava por el desperdicio: la Autoridad de Acueductos pierde un alarmante 66% del agua que produce por fugas y conexiones ilegales.
- México: La Ciudad de México enfrenta el riesgo de un «día cero» ante la caída del volumen de agua por habitante y la sobreexplotación de acuíferos. Las proyecciones indican que para 2030, la disponibilidad anual de agua caerá a un tercio de lo que era en 1960.
II. Desigualdad de acceso y deterioro de la infraestructura
La falta de acceso seguro al agua potable es un problema de desigualdad territorial y colapso de servicios:
- Venezuela: La crisis de servicios públicos se refleja en el agua: el 77% de la población tiene acceso limitado y la cantidad de agua distribuida se ha reducido en más del 60% en la última década. El colapso ha generado protestas constantes.
- Perú: 3.3 millones de personas carecen de agua potable. En zonas áridas, como Ica, los acuíferos están sobreexplotados, mientras que en la Amazonía hay abundancia, pero sin infraestructura. La crisis es estructural, marcada por la débil gobernanza y la falta de planificación.
- República Dominicana: A pesar de su red de presas, solo el 26% de la población recibe servicio continuo las 24 horas. El sector agrícola, que consume el 82% del agua, desperdicia el 70% por ineficiencia. El problema institucional es grave: 18 instituciones intervienen en la gestión del agua sin una autoridad unificada.
- El Salvador: El 27.9% de los habitantes no tiene acceso por cañerías, y la ANDA reconoce que el 50% del agua se pierde en fugas de tuberías obsoletas. Además, el 95% de las aguas superficiales son inseguras para el consumo por la contaminación.
III. Una paradoja con solución
El consenso es claro: la crisis del agua en la región no es una fatalidad inevitable, sino un problema de gobernanza, inversión y prioridad.
El camino a seguir requiere una acción decisiva en varios frentes:
- Protección de ecosistemas: Proteger los páramos, selvas y glaciares, que son las fuentes naturales de agua.
- Inversión en infraestructura: Reparar fugas y cañerías obsoletas y garantizar la infraestructura de saneamiento y tratamiento de aguas residuales.
- Equidad y gobernanza: Garantizar la equidad territorial en la distribución del recurso y establecer una autoridad nacional del agua unificada para eliminar la duplicidad y priorizar el interés común.
La solución pasa por entender el agua como un bien público esencial, no como un privilegio.
