En respuesta a una solicitud del Ministerio Público, una juez dictó un mes de prisión, como medida de coerción, contra un hombre imputado de biocidio tras envenenar varios animales, incluyendo más de una docena de perros, un gato y varias gallinas, en el sector Barrio Blanco, de La Romana.

El procesado, Luis Eduardo Corporán de Aza, fue arrestado con una orden judicial gestionada por el Ministerio Público tras identificarlo como responsable de que en el sector Barrio Blanco, a partir del día 1 de este mes resultaran envenenados  seis perros, incluyendo a cinco cachorros y un chiguagua, que había llevado a su casa desde Bávaro la señora Ana Luisa Ureña Cordero.

Después de ese hecho los vecinos encontraron otro perro con graves quemaduras en su cuerpo, lo cual le desencadenó la muerte.

Más tarde, el día 14 de este mes de junio, los residentes de Barrio Blanco detectaron la muerte de otros seis  perros, una de ella preñada, y un gato, los cuales presentaban síntomas de envenenamiento, al igual que los cinco 5 cachorros y el  chiguagua de la señora Ureña Cordero. También, murieron algunas gallinas que comieron del veneno.

La situación creó indignación entre los moradores del sector que, apoyados en vídeos de cámara de seguridad, pudieron identificar al principal sospechoso.

La investigación del Ministerio Público, a cargo de Yalissa Marina Candelario Rijo, fiscalizadora en funciones de procuradora fiscal, y en coordinación con Roxanna Reyes Acosta, quien funge como enlace nacional de la Procuraduría General de la República y las distintas fiscalías para la aplicación de la Ley de Protección Animal, llevó a la jueza Margarita Cristo Cristo, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Romana, a imponer la medida.

Corporán de Aza enfrenta cargos por cometer biocidio, un hecho en el que resultaron afectados  Ana Luisa Cordero y el Estado dominicano.

Al procesado, que cometió el hecho dándole comida a los animales contaminada con un potente insecticida-organofosforado, se le imputa la violación de los artículos 61 numerales 3, 6 y 8 de la Ley 248-12, sobre Protección  Animal y Tenencia Responsable.